La industria del automóvil se une contra las matrículas regionales
El asunto de los distintivos autonómicos en las placas de los vehículos, una reivindicación de los partidos nacionalistas, vuelve a suscitar, cuatro años después de la adopción del sistema de matrículas europeo, el debate político. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, tras una entrevista con la consejera catalana de este departamento, Montserrat Tura, anunció que los automóviles llevarán un distintivo autonómico y que en los próximos meses se explicaría la fórmula elegida, que puede estar entre la inserción de las letras de la comunidad o bien el escudo.
El Ejecutivo de Aznar creyó dejar zanjado el asunto, pero, como ha sucedido con otras normativas sacadas adelante con el apoyo de su mayoría absoluta, léase la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), el tema fue cerrado en falso, pues no se contó con el vuelco electoral del 14-M. En 2000, las matrículas que se venían empleando agotaron sus posibles combinaciones y el Gobierno se vio obligado, finalmente, a elegir una alternativa tras varios años de discusiones sobre ese tema y aplazando su solución definitiva. El 15 de septiembre de 2000 el Gobierno Aznar aprobó por decreto un nuevo sistema de matriculación similar al utilizado por otros países de la UE, cuya principal novedad era la incorporación en su extremo izquierdo de una banda vertical de color azul en cuyo interior figura el símbolo de la UE y la sigla distintiva de España, pero se desestimó la petición de CiU, apoyada por los demás grupos políticos del Congreso, de incorporar una marca autonómica.
Entre las razones en las que se basaron para la elección de este modelo estaban contribuir a la sensibilización ciudadana a favor de la integración europea y la respuesta a un deseo, expresado en varias encuestas, de que desaparecieran los distintivos provinciales. En este sentido se manifestó el sector del automóvil, que no ha tardado en hacer oír su postura contraria a la medida. Las principales asociaciones del sector del automóvil (Anfac, Anesdor, Aniacam, Faconauto, Fecavem, Sernauto, Ganvam y RACE) expresaron ayer en un comunicado conjunto su rechazo.
La supresión del distintivo provincial en 2000 permitió, según la patronal, la agilización del mercado de segunda mano, que acumula un incremento del 22,7% y factura 6.700 millones
Las organizaciones aseguran que la medida representa 'un paso atrás'. El sector argumenta que mantener el indicativo autonómico supone 'un notable obstáculo para la comercialización de los vehículos usados, por las resistencias de determinadas provincias a aceptar vehículos matriculados en otras'. Además, opinan que provocarían la existencia de 'mercados estanco, que tan perjudiciales son para la venta de vehículos usados'. Las organizaciones recuerdan que la supresión del distintivo provincial en 2000 permitió la agilización del mercado de segunda mano que, desde diciembre de ese año, acumula un incremento del 22,7% y el volumen de negocio para este sector se sitúa en 6.700 millones.
La clase política catalana ha expresado, en general, su satisfacción, por lo que consideran 'un avance'. Jordi Vilajoana (CiU), vicepresidente segundo del Congreso, opinó que se trata de 'un paso adelante en el reconocimiento de la España plural'.
Interior quiere darle a esta modalidad de matriculación el rango de ley, no de decreto. Si la propuesta legislativa entra en el actual periodo de sesiones, la nueva medida podría ser una realidad antes de finales de 2004. En todo caso, como recordó la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, la medida requerirá de 'un periodo de adaptación'.