Las tabacaleras afrontan el mayor juicio de EE UU por corrupción y fraude
La industria tabacalera se enfrenta desde hoy al mayor juicio civil contra el crimen organizado celebrado en EE UU. Basándose en una ley de 1970, la fiscalía reclama al sector 230.000 millones de euros por haber pactado el silencio durante 50 años sobre los efectos nocivos del tabaco. De ser contraria la decisión podría suponer la quiebra de las empresas.
Cinco años después de la denuncia, hoy se inicia el juicio contra Philip Morris y su matriz Altria, RJ Reynolds, Brown & Williamson (que este verano se fusionó con Reynolds), Lorillard (filial de Loews Corporation), British American Tobacco y el grupo Liggett, acusadas de fraude, conspiración y estrategias delictivas de marketing. Una duración prevista de seis meses, 40 millones de páginas de documentos, cerca de 300 testigos y el posible pago de 280.000 millones de dólares (230.000 millones de euros) hacen de éste el mayor juicio civil celebrado en el marco de la ley de 1970 contra la Influencia Mafiosa y la Corrupción de Organizaciones (RICO).
Aunque la demanda inicial fue presentada en 1999 por el Gobierno de Bill Clinton, el caso se remonta a 1953, año en que se celebró la reunión en un hotel de Manhattan entre los entonces presidentes de las compañías. Oficialmente, se reunieron para crear un instituto de investigación, que hoy ya no existe, pero la Fiscalía asegura que el resultado fue un pacto sectorial para ocultar los efectos negativos del tabaco en la salud, según el diario New York Times. Estas prácticas se han mantenido durante cinco décadas.
Los abogados del Estado quieren demostrar que las compañías manipularon los niveles de nicotina, mintieron sobre los peligros de fumar y fijaron como objetivo a los adolescentes con campañas publicitarias millonarias. Además, tendrán que probar que existe 'posibilidad razonable' de que estas prácticas se mantengan en el futuro. La Fiscalía pretende que las empresas devuelvan los beneficios de su conducta delictiva y, de tener éxito, podría llevar al sector a la quiebra.
Si la decisión del tribunal es contraria al sector, la quiebra de las compañías sería un hecho
Desde hoy, el Tribunal Federal de Distrito, en un proceso sin jurado, escuchará a más de cien testigos, a los que se añaden las declaraciones por escrito de otros 200. Se espera que el proceso se prolongue durante seis meses.
Las tabaqueras afirman que el caso no tiene base alguna y que la postura antaño defendida de que el tabaco no era malo para la salud 'pudo ser equivocada pero no existen pruebas de que constituya fraude'. En palabras del vicepresidente de Altria, William Ohlemeyer, sus abogados demostrarán que ni hubo fraude en el pasado ni la intención de cometerlo en el futuro.
Las compañías recuerdan que en 1998 llegaron a un acuerdo con los 46 Estados que les reclamaban 250.000 millones de dólares como compensación al sistema de salud pública. El acuerdo alcanzado con la Administración Clinton comprometía al sector a pagar 200.000 millones en 25 años en programas de salud, a cambio de cierta inmunidad sobre demandas del pasado. En este caso, sin embargo, no se trata de compensaciones, sino de devolver beneficios que se consideran fraudulentos.