Los agricultores avisan de que peligra casi la mitad del regadío si se encarece el agua
El reciente anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que el precio del agua deberá subir para absorber el coste de las nuevas obras, perjudicará notablemente a la agricultura, según explicó ayer el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo.
En este sentido, el encarecimiento del agua no sólo hará perder competitividad a los cultivos españoles, sino que podría llegar a suponer la total de desaparición de hasta 1,5 millones de hectáreas de regadío tradicional, sobre todo, en el interior de España.
Teniendo en cuenta que España es el país con mayor superficie de cultivo, con 20,3 millones de hectáreas, de las que el 17% corresponde a regadíos, 3,4 millones de hectáreas, esa cifra de 1,5 se correspondería con algo menos de la mitad.
Tras la derogación del trasvase del Ebro, los regantes, que respaldaron dicha obra y la totalidad del anterior Plan Hidrológico Nacional, aseguran ahora que no desean entrar en un proceso de confrontación con el Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, sí exigen a Narbona que demuestre con informes técnicos que el Programa AGUA proporcionará más cantidad de este recurso a un precio razonable y en menos tiempo de lo que lo habría hecho el trasvase, según apuntó Del Campo.
En la actualidad, el precio del agua que pagan los regadíos en España (que supone entre el 70% y el 80% del total del consumo) es variable, ya que depende del tipo de cultivo, el clima y los derechos adquiridos. Una parte importante de los regantes está pagando 0,03 euros por metro cúbico, otros 0,12 euros y, los menos, 0,24 euros, fundamentalmente en el litoral. Fenacore mostró también su preocupación por la nueva apuesta del Gobierno por las plantas desaladoras, 'cuyo alto coste energético y medioambiental creemos que hace inviable un agua a coste razonable para la agricultura'. Del Campo recordó que frente a una vida útil de entre 10 y 15 años de una desaladora, la de un trasvase es de 50 e incluso 100 años.
Por último, mostró su rechazo a la intención del Gobierno de modificar el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas que incrementará la carga fiscal de los usuarios de este recurso.