Siete alcaldes rechazan destinar el suelo de los puertos a vivienda social
Siete de los ocho alcaldes que conforman la Comisión en Defensa del Sector Naval, de las localidades de Fene, Ferrol, Madrid, Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Cartagena rechazaron ayer destinar suelo propiedad de los puertos a la construcción de viviendas protegidas.
El Ministerio de Fomento anunció el pasado mes de junio que prevé destinar a la construcción de equipamientos sociales y viviendas de protección oficial (VPO) los terrenos de los puertos públicos una vez que queden desafectados de sus usos, tal y como está previsto, por ejemplo, en A Coruña.
En conferencia de prensa, los alcaldes, a los que no se unió el de Manises, presentaron un manifiesto con cinco reivindicaciones principales entre las que destaca la de no facilitar ni colaborar en 'pelotazos' inmobiliarios 'que todos recordamos en anteriores episodios de reconversión industrial en España', así como el rechazo del acuerdo del Consejo de Ministros que segrega la construcción militar de la civil y otras medidas restrictivas.
'El Gobierno no sólo contradice e ignora los consejos de sus expertos, sino que va en contra de la política internacional y europea, en especial, que tal y como había hecho España, fusiona ambas actividades como garantía de supervivencia y competitividad en un mercado claramente en auge', indica el manifiesto. En este sentido, los alcaldes solicitan al Gobierno la derogación de medidas del decreto 442/94 que limita la construcción de buques civiles a algunos astilleros. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, calificó de 'incompetente' al actual Gobierno socialista ya que 'la concentración de centros de trabajo que plantean es el preámbulo del desmantelamiento del sector naval civil y militar'.
Trujillo pide colaboración
Trujillo, que se reunió ayer con el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, explicó que su departamento ya ha inventariado casi dos millones de metros cuadrados disponibles en varias zonas de la región, como son los terrenos de Campamento en la capital o los de Línea de Tiro en Alcorcón, sobre los que se edificarán viviendas protegidas.
Pero para poder llevar a cabo este proyecto, la ministra reconoció que necesitará la implicación de la Administración regional y local. Asimismo, pidió que se amplíe el porcentaje de vivienda protegida de la Operación Chamartín, fijado en el 15%.