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Congreso

Inmigración, vivienda y empleo ponen a prueba al Ejecutivo

La negociación para recabar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar las cuentas públicas de 2005 comienza oficialmente esta semana, aunque de manera oficiosa ya se registraron los primeros contactos antes del verano.

Tanto los miembros del Ejecutivo como los líderes de las principales formaciones políticas que respaldaron la investidura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero pudieron irse así de vacaciones con una idea previa de los próximos Presupuestos, de los que avanzó más detalles el vicepresidente económico, Pedro Solbes, el pasado viernes en el primer Consejo de Ministros tras el verano.

De momento, el Ejecutivo socialista ha anunciado importantes novedades, tales como que la partida destinada a vivienda aumentará un 30%, o el incremento del 25% de los presupuestos para fomentar el gasto en investigación y desarrollo (I+D). También está previsto un significativo incremento del dinero destinado a becas.

El Gobierno intentará sellar un Pacto de Estado sobre Suelo con las Administraciones

Competitividad

Pero estas grandes cifras todavía podrán sufrir alguna modificación de aquí a finales de septiembre (fecha en la que serán presentados oficialmente los Presupuestos en el Congreso), fruto de la negociación con el resto de partidos.

De hecho, las peticiones no han hecho más que empezar y parece que estarán centradas en dos grandes áreas: incentivos a la creación de empleo, ayudas fiscales a pequeñas y medianas empresas y más inversión en infraestructuras.

A ese pulso tradicional se sumará también este año un amplio abanicos de reformas para las que el Gobierno socialista necesita buscar un amplio consenso.

Primeros en la lista se colocan el proceso de regularización de inmigrantes previsto para los próximos meses, la apertura del diálogo con los agentes sociales para pactar otra gran reforma laboral y el ansiado Pacto de Estado sobre el Suelo para frenar la especulación urbanística y el boom de la vivienda.

En materia de diálogo social, uno de los temas más polémicos será la propuesta socialista de regularización de inmigrantes con contrato de trabajo. Un asunto en el que empresarios y sindicatos podrían llegar a consensuar un acuerdo, pero será difícil de articular y ha sido recibido con un rechazo frontal por el PP.

Está prevista también la formación de una mesa de negociación para mejorar la productividad y competitividad de los trabajadores, dos conceptos tan difíciles de definir y medir como de incentivar. En dicha mesa se espera que participen, además de sindicatos y empresarios, representantes de los Ministerios de Economía, Industria y Trabajo. Otro de los asuntos clave que se quiere abordar este otoño es la reducción de la elevada temporalidad que caracteriza al mercado laboral.

Respecto al mercado inmobiliario, tras el plan de choque aprobado en julio, está pendiente la constitución de la Agencia Pública de Alquiler y la suscripción de un Pacto de Estado de Suelo con el concurso de todas las Administraciones públicas.

financiación autonómica La FEMP pide protagonismo

2002 fue el primer año en el que entró en vigor el nuevo sistema de financiación autónomica y, pese a ser suscrito por todas las regiones(por primera vez el acuerdo tenía carácter indefinido), vuelve a plantearse la necesidad de reformarlo. Cataluña es la que más empeño demuestra para lograrlo. De fondo se encuentra el problema de la financiación sanitaria, transferida a las comunidades, ya que los Gobiernos regionales han reconocido que no cuentan con recursos suficientes para brindar este servicio con eficacia.Ante la posibilidad de que se reabra la negociación, los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya han advertido que no apoyarán un nuevo sistema sin reformar la financiación local.

negociación colectiva Trabajo no desea intervenir

Otra de las reformas que quedaron pendientes de la anterior legislatura es la de la negociación colectiva. En principio, empresarios y sindicatos han manifestado en numerosas ocasiones que éste es un asunto que deben consensuar sin la injerencia del Ejecutivo, algo en lo que se muestra de acuerdo el Gobierno.Sin embargo, el propio Gabinete reconoce con cierta frecuencia por dónde le gustaría que fuese esa modificación del sistema de negociación colectiva.Distintos portavoces del Gobierno han sugerido que los incrementos salariales deben vincularse con mejoras en la productividad y no tanto con los incrementos registrados por el IPC. Los anteriores intentos por llevar a cabo esta reforma acabaron en sendos acuerdos de moderación salarial.

infraestructuras Nuevo plan antes de fin de año

La inversión en infraestructuras será una de las partidas prioritarias de los próximos presupuestos y además una de las más vigiladas por el resto de fuerzas políticas para comprobar que guarda el denominado 'equilibrio territorial'.La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se ha comprometido a desarrollar un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), previa consulta con las comunidades autónomas, antes de que termine el año. El objetivo será acabar con la actual radialidad de la red nacional y aportar por nuevos corredores.El futuro de Astilleros es otro de los asuntos que necesitará de arduas negociaciones con los trabajadores, sobre todo después del anuncio de que habrá privatizaciones.

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