La ley de horarios comerciales da más poder a las regiones
El anteproyecto de ley de horarios comerciales, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, ha desatado las primeras voces críticas del sector. Gran parte de las cadenas de distribución consideran que la norma destruirá 7.000 empleos y supondrá una marcha atrás en su liberalización.
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de horarios comerciales, que ya ha provocado grandes críticas en el sector. La nueva norma fija en 12 días el número de domingos y festivos al año que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público. Pero las comunidades autónomas podrán aumentar o recortar esta cifra atendiendo a las circunstancias del sector en cada uno de sus territorios. En todo caso, la cifra mínima será de ocho días.
La nueva norma trata de 'preservar el equilibrio en el sector comercial y las competencias de las comunidades autónomas', según declaró en una rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien resaltó que esta iniciativa, que ha contado con un informe favorable del Consejo de Consumidores y Usuarios, 'permitirá nuevos calendarios comerciales y dar mayor seguridad jurídica al sector'.
Las críticas no han tardado en surgir. La patronal de las grandes superficies (Anged) cree que esta ley es un paso atrás en la progresiva liberalización comercial que se está produciendo desde 1996, y que tendrá efectos adversos para los consumidores y para la economía española y las empresas.
Anged, que agrupa entre otras empresas a El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, considera que la decisión del ejecutivo ignora las necesidades del consumidor, desincentiva algunos proyectos de inversión en el sector y supone un recorte de unos 7.000 puestos directos de trabajo en los grupos afectados.
Por su parte, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) rechazó la reducción de las horas de apertura semanales de 90 a 72 horas que establece el texto, al 'restar flexibilidad para adaptarse al consumidor'.
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA también mostró su disconformidad y criticó que el anteproyecto, en lugar de fijar un mínimo, no establezca como 'tope máximo de aperturas' un total de 12 días festivos al año. Este organismo cree que la nueva norma deja la puerta abierta a una apertura 'indiscriminada' en alguna comunidad.
La responsable de Comercio de UGT, Ascensión Santa María, se unió a estas opiniones y echó en falta que el texto no establezca unos máximos, que a su juicio deberían ser de ocho domingos y festivos de apertura al año y 72 horas semanales. Esta portavoz calificó de 'arma de doble filo' la posibilidad de que las comunidades puedan situar el mínimo en 12 o en ocho.
El texto del anteproyecto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2005, fue bien acogida, sin embargo, por el presidente de la Confederación de Comercio de España y de la Confederación de Comercio de Cataluña, Pere Llorens, quien se mostró 'muy satisfecho' de que el PSOE 'haya cumplido una de sus promesas electorales'. Llorens cree que la ley permitirá 'equilibrar las necesidades del consumidor y de los pequeños comercios'.
Aprobado el régimen de comercio de emisiones
El Gobierno aprobó también ayer, en cumplimiento de la Directiva europea, el decreto ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este decreto se completará con el plan nacional de asignaciones para el periodo 2005-2007, que finalmente no fue aprobado ayer y se dejó para otra reunión del Consejo.La vicepresidenta primera del Gobierno justificó la aprobación del decreto, que debe convalidarse en el Congreso, por el 'retraso' acumulado en el cumplimiento del calendario previsto en la legislación europea. Los plazos para el cumplimiento de Kioto exigen que las instalaciones cuenten con una autorización de emisión antes del 1 de enero de 2005 y que esté operativo el Registro Nacional de Derechos el 1 de octubre de 2004.Las industrias españolas deberán solicitar las autorizaciones y la asignación individualizada de derechos hasta el 30 de septiembre de 2004.