Brasil declara la guerra a la piratería comercial
Washington tiene un mes para decidir si Brasil ha hecho los esfuerzos suficientes para actuar contra la piratería. El presidente estadounidense, George Bush, advirtió a las autoridades brasileñas a principios del verano que, si no amplían las medidas contra este delito, sacaría al país del sistema de preferencias comerciales.
Gracias a este mecanismo algunos países en desarrollo se benefician de un arancel cero en las exportaciones de ciertos productos a EE UU. Brasil ha sido incluido en una lista negra, llamada de observación prioritaria, en la que se incluyen a los países que permiten la violación de la propiedad intelectual. Según Washington, la piratería en el país latinoamericano le cuesta unos 800 millones de dólares al año.
Y es que en Brasil, donde un 40% de la economía es sumergida, este delito alcanza cifras alarmantes. Según datos de Sindireceita, el sindicato de funcionarios de Hacienda, las arcas fiscales del país dejan de ingresar unos 30.000 millones de reales (8.400 millones de euros) al año por esta causa.
'Con la globalización hubo una explosión de la piratería en Brasil. Llegó un momento en el que más del 90% del software vendido provenía del mercado negro', asegura Reynaldo Puggi, presidente de Sindireceita.
Aunque se ha reducido, ese porcentaje continúa elevado, en el 59%. Otros productos en los que el contrabando y la piratería están muy extendidos son los cigarros -de los que un 32% corresponden al mercado negro-, las bebidas, las películas, la música, la ropa y los carburantes -por los que las arcas federales dejan de ingresar 1.000 millones de euros al año-.
En Brasil, no obstante, parece improbable que EE UU aplique las sanciones, sobre todo porque perjudicaría a las empresas estadounidenses que compran productos brasileños, como piezas de coches, sin pagar aranceles.
Además, esperan que tenga en cuenta las recientes medidas adoptadas para frenar el problema, como el establecimiento de una comisión parlamentaria que facilitó nuevas detenciones y que elaboró un informe sobre la piratería en el país.
La comisión evalúa como 'grave' la magnitud del problema y recomienda al Gobierno que elabore un plan nacional y endurezca las penas por este delito.
El Ejecutivo, por su parte, ha anunciado la creación de un Consejo Nacional de Combate a la Piratería. 'El Gobierno de Lula está empezando a tomar conciencia de que la piratería no es un crimen menor, aunque la creación del consejo es sólo una señal política de que Brasil va a tomar medidas. Lo que necesitamos es más recursos y parece que los vamos a tener', dice Puggi, que participa en la detección de mercancías ilegales en las aduanas.
El Gobierno de Lula se ha destacado desde el inicio por su preocupación de la imagen en el exterior y el combate a la piratería sería una buena forma de impulsarla.
'Las amenazas de EE UU han propiciado que el Gobierno tome medidas, pero no es sólo eso. Brasil quiere que el mundo entero vea que se respeta la propiedad intelectual', afirma Julio Lopes, vicepresidente de la comisión parlamentaria sobre piratería.
Una de las actuaciones más llamativas fue la detención en junio del jefe de la mayor red de contrabando de Brasil, Law Kin Chong, un chino con nacionalidad brasileña, dueño de tres centros comerciales en São Paulo.
No obstante, el giro definitorio es la actitud ante la piratería. 'La gran contribución es que ya se cree que es un delito. La industria, las autoridades y la sociedad entienden ya que la piratería atenta contra la ciudadanía', opina Lopes.
Hacienda deja de ingresar 8.400 millones de euros por este delito
La detención del gran capo, el principio del fin
La detención de Law Kin Chong se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha contra la piratería del Gobierno de Lula. Chino, nacionalizado brasileño y propietario de varios centros comerciales en São Paulo, Chong es citado en el informe de la comisión parlamentaria como 'uno de los grandes responsables, sino el mayor, de las actividades de contrabando y recepción de productos pirata en Brasil'.Su detención se produjo el 1 de junio cuando intentaba chantajear al presidente de la comisión para que no incluyera su nombre en el informe. El texto elaborado por los expertos nombra también a varios políticos que están siendo investigados.