Conflicto

Las aseguradoras indemnizarán por la huelga de las grúas

Las empresas de seguros se comprometieron ayer a asumir los costes que el paro técnico de las grúas supongan para los automovilistas. Las reclamaciones se deben presentar ante las entidades aseguradoras, que analizan medidas alternativas para dar asistencia. Las conversaciones sobre las tarifas continúan en punto muerto.

Las aseguradoras se comprometieron ayer a cubrir los gastos en los que puedan incurrir los automovilistas derivados de la huelga de grúas, que alcanza ya a once comunidades autónomas y cuatro provincias andaluzas. A través de Ricardo Lozano, el director general de Seguros (DGS), el sector asegurador se comprometió a que será 'generoso' con las indemnizaciones aunque revisará los casos 'uno a uno'.

'Es difícil cuantificar el coste económico de esta situación, porque depende de la imposibilidad de prestar el servicio y de los siniestros que se produzcan en asistencia en viaje en los próximos días', señaló Lozano tras la reunión que mantuvo ayer con ocho aseguradoras implicadas en el conflicto.

Junto a este compromiso, Lozano, que no actuó como mediador en el conflicto, pidió a las aseguradoras que 'realicen el máximo esfuerzo para lograr que se cumplan los contratos con los clientes'. En los casos en los que no sea posible solucionar la asistencia, incluso a través de mecanismos alternativos -como coches de sustitución, contratación de taxi o desplazamiento de mecánicos-, los automovilistas podrán reclamar a la aseguradora el coste de los servicios que tengan que contratar de forma independiente. Según diversas entidades, que participaron en las conversaciones con Lozano, la gestión de los siniestros se realizará a través de los mecanismos ya establecidos para evitar que produzcan fraudes en las facturas que se presenten.

La jornada de ayer culminó con 700 vehículos en los arcenes españoles

La reunión entre las aseguradoras, a la que siguió otro encuentro entre la patronal Unespa, las asociaciones de grúas Cepas y Aneac, y la Dirección General de Tráfico (DGT) para evaluar el plan de prevención del Gobierno, se produjo ayer en el marco de unas conversaciones que se encuentran paralizadas desde el pasado martes.

Las aseguradoras reclaman que se desconvoque el paro técnico para retomar la negociación sobre las tarifas que cobran las empresas de seguros. Por su parte, las asociaciones de grúas reclaman un incremento del 100% en dichas tarifas aplicable a partir de 2005 junto a una revisión de las vigentes en 2004. Este incremento supondría elevar entre 400 y 420 millones de euros los costes de las entidades de seguros, Unespa ya ha señalado que la negociación de una tarifa conjunta para el sector iría en contra de la libre competencia.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, a quién las asociaciones de grúas, de forma independiente, solicitaron la mediación en el conflicto el pasado lunes, pidió ayer flexibilidad en las posturas. La Generalitat, por su parte, inició ayer contactos para actuar como mediadora entre aseguradoras y empresas en Cataluña.

El 33% de las averías, sin atender

Durante el primer día del paro de grúas generalizado en once comunidades autónomas y tres provincias andaluzas, el 33,2% de los conductores que solicitaron el servicio para remolcar sus vehículos no pudieron ser atendidos, según las cifras que proporcionó ayer Unespa. De los casos que sí se resolvieron, el 3,56% se solución por medios alternativos a los habituales.

El mayor porcentaje de incidencias no atendidas se localizó en Cataluña, con un 76,29% de los siniestros comunicados sin poder ser atendidos por medio alguno, la Comunidad Valenciana (59,52%), Castilla y León (56,13%) y La Rioja (56%). Al término de la jornada de ayer unos 700 vehículos permanecían en los arcenes de las carreteras españolas. Cerca de 430 corresponden al País Vasco, donde el paro técnico comenzó el pasado 27 de julio.

La DGT señaló que no se produjeron incidentes durante la jornada.

Plan de urgencia del Gobierno

La amenaza de que el paro técnico de las grúas bloquee la operación retorno de la vacaciones movilizó ayer al Gobierno para paliar los efectos del conflicto sobre la seguridad vial. Durante este periodo se esperan cerca de cinco millones de desplazamientos, según la DGT. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, contactó con los presidentes de las comunidades para que se utilicen los medios necesarios de titularidad pública en la recogida de vehículos averiados. Grúas municipales, bomberos y equipos de empresas de transporte o de viajeros están siendo utilizados en los casos en los que se estima oportuno. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado patrullan, además, las carreteras para atender incidencias. Asimismo, el Ejército dispone de 180 grúas que podrían ser utilizadas si fuese necesario.

Garantías para el consumidor

Desde el inicio del conflicto entre aseguradoras y empresas de grúas, las organizaciones de consumidores han reclamado que se respete el derecho de los usuarios de los automovilistas.

Tanto la OCU (Organización de consumidores y Usuarios) como Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) han reclamado que el conflicto de las tarifas no suponga un incremento en los precios de las pólizas que pagan los asegurados.

Adicae señaló ayer su intención de iniciar conversaciones con las empresas de grúas y la patronal del seguro para intentar lograr una 'solución rápida al conflicto'. Esta asociación señala que los únicos perjudicados en este conflicto son los consumidores 'puesto que los asegurados han cumplido con sus obligaciones al abonar la prima de la póliza del seguro y se consideran tratados como 'rehenes' en las negociaciones mantenidas por ambos sectores'.