Pretemporada judicial en el fútbol andaluz
Los eternos enemigos deportivos de la ciudad de Sevilla, el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, están estos días, a su pesar, más unidos informativamente que nunca debido a las actuaciones presuntamente delictivas que se les atribuyen a sus respectivos presidentes, Manuel Ruiz de Lopera y el abogado José María del Nido.
Ayer se conoció que un juzgado de Sevilla ha decidido finalmente procesar tanto a Lopera como al vicepresidente bético, Ángel Martín, por un caso de fraude fiscal: la empresa Tegasa, de la que Lopera es accionista mayoritario, habría escamoteado el pago de 10,2 millones de euros a Hacienda. El caso fue denunciado por la Agencia Tributaria en diciembre de 2000 ante la juez Pilar Llorente, que dirige el Juzgado de Instrucción número 17 de la capital andaluza.
Tegasa es la sociedad que gestiona los derechos del estadio del Betis (que se llama Manuel Ruiz de Lopera) y los derechos de imagen del propio club. Según la Agencia Tributaria, Tegasa habría dejado de pagar parte del impuesto de sociedades entre los años 1996 y 2000. Los peritos del organismo antifraude de Hacienda detallan en su denuncia que Tegasa, en su labor de gestión del estadio bético, realizó 'contratos simulados'.
Los abogados de Lopera han venido defendiendo que el problema no es de impago sino de diferencias en los criterios contables entre la Hacienda pública y Tegasa. Un informe presentado ante la juez y elaborado por peritos contratados por Lopera argumenta que Tegasa pagó siempre sus impuestos. El club hizo pública ayer una nota de prensa en su página web en la que anuncia que Lopera recurrirá su procesamiento.
Paralelamente, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Carlos Fernández, presentó ayer un borrador de la fiscalización que el Tribunal de Cuentas ha realizado sobre la gestión del consistorio malagueño y sus sociedades dependientes entre los años 1999 y 2003. En él queda establecido que la empresa Fergocom, de la que son apoderados dos hermanos del presidente sevillista Del Nido, cobró 6,7 millones de euros por la realización en 2000 y 2001 de una serie de obras sobre las que el informe explica que no aparecen registradas en ningún expediente administrativo.
El propio Del Nido, según explica también el borrador de Anticorrupción, recibió encargos entre 1999 y 2001 en su bufete personal por parte del alcalde en esos momentos, Jesús Gil, por un valor de 348.000 euros. Estos encargos se realizaron directamente por la voluntad del entonces alcalde y no medió ningún documento en el que se registraran los trabajos a realizar, según el borrador.
Este caso se desató en 2002, cuando el entonces portavoz andalucista Carlos Fernández denunció las irregularidades sobre Fergocom ante la Fiscalía Anticorrupción, quien a su vez las puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella. Fernández presentó hace diez días una querella criminal y se ha personado en el caso como acusación particular a petición de la propia fiscalía. En la querella se acusa a Julián Muñoz, alcalde de Marbella, y a Del Nido de los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad en documentos y prevaricación en la adjudicación de las citadas obras injustificadas.
Muñoz ha alegado en el juzgado que el presunto trato de favor hacia Del Nido se produjo cuando él no era alcalde. El mandatario sevillista dijo por su parte ante el juez no tener nada que ver con Fergocom.
Los aficionados esperan ahora que este torbellino judicial no afecte ni al Sevilla, en la UEFA después de 9 años, ni a la temporada del Betis en la Liga.