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Escándalo

El segundo accionista de Yukos, sospechoso de participar en un asesinato

Un tribunal de Moscú ha cursado una orden de captura contra Leonid Nevzline, socio del ex presidente de la petrolera rusa Yukos, Mijail Jodorkovski y sospechoso de haber participado en un asesinato y de un intento de asesinato, según ha informado la agencia rusa Interfax.

Nevzline se marchó de Rusia hace un año, cuando se inició la campaña judicial contra Yukos, y en la actualidad vive en Israel. Según la Fiscalía rusa, Nevzline, que es el segundo accionista de la compañía por detrás de Jodorkovski, ordenó el asesinato de dos personas en 2002.

Además, la Fiscalía rusa también acusa al sospechoso de haber ordenado la muerte de varios competidores en el sector petrolero, la cual no llegó a producirse. La Fiscalía rusa no ha confirmado esta información. Yukos fue condenada hace tres semanas por la Justicia a pagar 5.500 millones de euros de impuestos retrasados, 2.250 por el año 2000, y 2.250 por los impuestos no pagados en el año 2001.

La semana pasada, Jodorkovski, que continúa siendo el principal accionista del grupo, declaró que estaba dispuesto a aceptar que un representante del Gobierno se hiciera cargo de la dirección del consejo de administración de Yukos, si de este modo puede evitar la quiebra de la compañía.

Intento de salir de la crisis

Por otro lado, según publica hoy la prensa rusa, el Gobierno de este país ha dejado por ahora sin respuesta la oferta de un consorcio británico de comprar la deuda de Yukos. "Hasta el momento no ha habido ninguna reacción", ha señalado Konstantín Kagalovsky, miembro del consorcio financiero que ofreció a finales de la semana pasada comprar la deuda de 3.400 millones de dólares que Yukos tiene con el Estado.

La justicia rusa embargó los activos de Yukos y anunció la venta de su mayor filial para cobrarle a la petrolera los impuestos evadidos por el año 2002 y, además, hay una demanda igual sobre 2001 y también amenazas para exigir cantidades similares por 2002 y 2003. La doble persecución judicial y fiscal de la petrolera y de sus principales accionistas actualmente sometidos a juicio, en poco más de tres meses redujo su capitalización de 70.000 a menos de 10.000 millones de dólares.

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