Los Gobiernos autónomos piden más poderes en la distribución eléctrica
Las comunidades autónomas, que tienen por derecho las competencias exclusivas sobre la distribución eléctrica, quieren que se clarifiquen sus funciones. Aprovechando la transposición de la directiva sobre mercados energéticos, el Gobierno les podría ofrecer participar en la gestión de las redes.
El Gobierno mantiene contactos preliminares con algunos responsables autonómicos para tratar sobre la situación de las redes de distribución eléctrica, cuyas deficiencias están causando serios problemas de suministro, y para aclarar sus competencias. El Ejecutivo debe trasponer en los próximos meses la directiva europea sobre liberalización de los mercados energéticos y podría aprovechar la ocasión para ofrecer a las comunidades una participación en la gestión de las redes. La directiva obliga a separar la propiedad y operación de las redes de distribución del gas y la electricidad de lo que es propiamente su gestión.
Algunos sectores del Gobierno apuestan por esta solución y, en todo caso, existe una cierta unanimidad en que las competencias de las comunidades autónomas deben clarificarse, 'algo a lo que se han resistido siempre las compañías eléctricas y algunas instancias del Estado', según fuentes del sector. El director general de Energía de Cataluña, Josep Isern, recuerda que 'el ordenamiento jurídico Constitución y Estatutos otorga a las comunidades las competencias exclusivas en las actividades reguladas, esencialmente en distribución. Esto tiene su lógica porque la distribución está ligada al territorio'. Sin embargo, 'el desarrollo legal posterior, con la ley eléctrica y otros reglamentos, ha ido limitando esas competencias', subraya.
A estas limitaciones han contribuido las propias compañías: 'Cuando la Generalitat aprueba un decreto para concretar las exigencias de calidad nos encontramos con una demanda patrimonial de Endesa, que dice que ya hay una regulación estatal', señala Isern. Cataluña, Extremadura, Castilla La Mancha y Galicia son las únicas autonomías que han aprobado una norma de este tipo.
Resistencia
En el caso extremeño, el director general de Ordenamiento Energético, Alfonso Perianes, recuerda que algunos artículos de la ley de calidad aprobada por su Gobierno fueron recurridos por el PP, pero pudo entrar en vigor. Sin embargo, las eléctricas que distribuyen en la región (Iberdrola y Endesa) han recurrido también un decreto posterior y han pedido su suspensión cautelar, 'aunque el Gobierno extremeño no ha recibido una comunicación judicial', indica Perianes. Esta ley obliga a las eléctricas a depositar una fianza anual del 1% de su facturación regional para responder de los daños que causen por el incumplimiento de la ley. Por su parte, los ciudadanos tienen derecho a la reducción de la factura si las variaciones o cortes del suministro son superiores a una hora en un mes.
Las competencias de los Gobiernos autónomos sobre distribución están ahí: tienen capacidad sancionadora, tramitan y autorizan las instalaciones y tienen capacidad para supervisar y que se hagan cumplir los parámetros de calidad. De hecho, la CNE les remite cientos de expedientes al año sobre conflictos de diversa índole. Para Isabel de Haro, secretaria general de Desarrollo Energético de la Junta de Andalucía, 'el verdadero desequilibrio está en el control de calidad'. La Junta está intentando establecer con Endesa unos parámetros de calidad para aprobar planes de mejora con financiación del Estado y las comunidades. 'Para esto tenemos dos años pero si resultan valores bajos, la empresa tiene seis años más de mejora; el sistema es poco ágil y favorece a las eléctricas', concluye.
El Estado tiene la potestad de la tarifa
Aunque las comunidades autónomas tienen competencias plenas en las actividades reguladas (distribución), pero ninguna en las de mercado (generación y comercialización) la potestad para determinar la tarifa eléctrica la tiene el Estado. Y ésta, según un experto, 'es una dicotomía difícil de salvar, pues las inversiones que exigen los Gobiernos autónomos a las compañías para mejorar la calidad del suministro está condicionada por la retribución que forma parte de la tarifa estatal'.Con ella se persiguen unos estándares de calidad y a partir de ellos, según una opinión extendida, deben ser los Gobiernos regionales los que han de financiar las mejoras. Aunque la ley eléctrica permite añadir un recargo autonómico a la tarifa, los Gobiernos territoriales no parecen dispuestos a aplicarlo, porque resultaría altamente impopular. 'Son las eléctricas las que deben pagar la mejora de las redes', señalan en la Junta de Andalucía.En la de Extremadura abundan en esta idea al asegurar que 'los ciudadanos no deben ser los paganos de una situación de la que son responsables las empresas'.Respecto a la posibilidad de compartir la gestión de las redes, la Generalitat de Cataluña considera que sería una buena medida 'siempre para tutelar o supervisar, pero no para absorber las funciones de la distribuidora'. En otras comunidades piensan que bastaría con reforzar los sistemas de información, ahora insuficientes, como el nivel de carga, los planes de inversión o la ejecución de obras.
En contra
Las eléctricas se oponen a que las comunidades autónomas tengan una participación directa en la gestión de las redes y abogan únicamente por una mayor supervisión y coordinación. Dicen en las empresas que el modelo, que tiene defensores en el Gobierno, es poco eficiente económicamente y muchas comunidades pequeñas no tendrían capacidad técnica para aplicarlo.