Los españoles, los menos preocupados por la deslocalización
Los españoles son los ciudadanos de la Unión Europea menos preocupados por la marcha de empresas situadas en su territorio a los países de la ampliación, un fenómeno temido por el 72% de los europeos y que en España inquieta a un relativamente bajo al 53%, según los datos del Eurobarómetro de primavera publicado por la Comisión Europea.
Las cifras de la encuesta se recopilaron entre el 20 de febrero y el 28 de marzo de 2004, meses antes del ingreso en la Unión Europea (UE) de los países del este de Europa, cuyos costes más bajos de producción atraen especialmente a las multinacionales que han estado ubicadas hasta hoy día en la UE de quince miembros.
Por ello, casi ocho de cada diez ciudadanos de los entonces Quince confesó su temor a la deslocalización de las empresas, una preocupación más patente en Finlandia y Francia, donde los porcentajes de la población intranquila por este fenómeno alcanzaban el 87 y el 83%, respectivamente.
Aparte de la pérdida de puestos de trabajo debido a la fuga de empresas a estas zonas, la ampliación despertó otros temores entre los europeos como el aumento de la contribución de sus respectivos países a las arcas comunitarias.
El hecho de que su Estado debiera pagar más dinero preocupa al 64% de los ciudadanos de la Unión, un porcentaje que en el caso de España desciende hasta el 46%, el más bajo de todos los Estados miembros. En el otro extremo se colocan los ciudadanos de los países escandinavos, Finlandia, con un 78%, y Suecia, con un 75%.
Pérdida social y euro
Por otro lado, el 64% de los participantes del sondeo en los países situados fuera de la eurozona (Dinamarca, Suecia y Reino Unido) confesaron su preocupación por un hipotético fin de sus monedas nacionales. Asimismo, el 53% de los europeos temen la pérdida de los beneficios en materia social. La inquietud de Alemania en este sentido (70%), contrastaba con la registrada en Italia, donde este mismo porcentaje se situó en un 38%.
La menor preocupación en España por los efectos de la ampliación resulta coherente con los niveles de apoyo con los que este proceso contaba entre la opinión pública española (un 59%), una de las más favorables dentro de los Quince tras la de Grecia e Irlanda.