Las eléctricas endurecen sus posiciones ante Medio Ambiente
Endesa y Fenosa subrayan en sus alegaciones al plan de asignación que los criterios para el reparto de derechos de CO2 deben ser claros y no discriminatorios para las centrales de carbón y que la edad de éstas no determina su eficiencia. Las dos reclaman criterios restrictivos para el gas, mientras que Iberdrola pide derechos para los ciclos combinados que se pongan en marcha hasta 2007, aunque la autorización no esté este año.
Las compañías eléctricas han acudido a la cita y han presentado las correspondientes alegaciones al borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de CO2 ante el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo plazo terminó el día 19. Tras analizar el borrador presentado la primera semana de julio, las empresas se reafirman en sus posiciones y denuncian, en algunos casos, la ambigüedad del documento del Gobierno.
Este es el caso de Endesa, que considera que el sector eléctrico ha sido discriminado respecto al industrial, ya que éste recibirá asignaciones con criterios históricos 'contrastables', tras el minucioso informe que el Gobierno ha realizado y que se incluye en el borrador. Endesa reclama para la electricidad el mismo trato que el PNA da a la industria, se reitera en su defensa de las asignaciones según derechos históricos y rechaza, al igual que Fenosa, la decisión del Gobierno de otorgar los derechos según los particulares criterios de eficiencia que figuran en el borrador, por los cuales, las centrales de carbón de más de 25 o 30 años no los recibían.
Fuentes de Endesa consideran que 'la eficiencia no tiene que ver con la edad, pues hay centrales con muchos años en las que se han realizado importantes inversiones y son tan eficientes como las más nuevas'. Y añaden que 'se trata de un criterio arbitrario y muy dudoso desde el punto de vista legal'.
En este sentido se pronuncia Fenosa, que se muestra contraria a cualquier tipo de discriminación de las instalaciones. Respecto al criterio de eficiencia, en la compañía consideran que 'si el Gobierno otorga unas emisiones en función de unos derechos históricos, éstos ya determinan cuáles son las centrales menos competitivas'.
En sus alegaciones, Fenosa parte de la base de que los derechos que se otorgan al sector eléctrico (86,4 millones de toneladas de CO2 al año hasta 2007) son escasos y que las emisiones rondarán las propias previsiones del Gobierno, 94 millones de toneladas, lo que tendrá un sobrecoste de 60 millones de euros para el sector. Dada la escasez, la eléctrica pide que no se desvíen derechos a los cogeneradores y un control para nuevos entrantes, a los que se otorga 1,8 millones de toneladas. Fenosa propone un determinado reparto proporcional al funcionamiento del sector, que se traduce en tres bolsas: una para el carbón, otra para el gas y otra para el sistema extrapeninsular.
Un asunto espinoso es la asignación a los ciclos combinados previstos. Endesa pide un control estricto y Fenosa que se otorgue asignaciones cerradas que se vayan distribuyendo a lo largo de los tres años entre las centrales que vayan entrando en funcionamiento.
Por su parte, Iberdrola, que en sus alegaciones señala que la potencia instalada en ciclos combinados pasará del 16% en 2002 al 38% en 2007, hace algunas puntualizaciones sobre el criterio para dar derechos a las centrales de gas en proyecto. El PNA establece que se darán a las que dispongan de autorización administrativa antes del 30 de septiembre y que 'razonablemente' se vayan a poner en marcha. Iberdrola opta por éste criterio frente al de la autorización, pues habrá centrales que no la tengan todavía y puedan entrar en funcionamiento en el periodo 2005-2007 y otros proyectos que, teniéndolas, no se les puede considerar 'definitivamente viables'.
Una lista errónea
Una de las sorpresas que se llevaron las empresas al recibir la lista de las 1.100 instalaciones afectadas por Kioto es que el inventario estaba lleno de errores: faltaban algunas plantas y sobraban otras. El Gobierno se ha comprometido a depurar la lista.
Castellón reclama la sede del mercado de emisiones
La Generalitat Valenciana ha solicitado formalmente a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que interceda ante las autoridades europeas para que Castellón sea la sede del mercado financiero de compraventa de emisiones de C02 que se creará el 1 de enero de 2005.El Gobierno valenciano argumenta en su petición que Castellón alberga a un buen número de empresas (mayoritariamente azulejeras) afectadas por la directiva sobre el Protocolo de Kioto. Según los datos que aporta la Consejería de Territorio y Vivienda de esta comunidad, que es competente en materia de medio ambiente, de las 5.000 instalaciones europeas afectadas, más de 250 están en la provincia de Castellón, lo que supone un 5% del total, y 300 en la Comunidad Valenciana. En el conjunto de España, las castellonenses suponen un 25%.Según declaró ayer el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, 'en torno a este mercado de emisiones, que implica a los Estados, a sus empresas, a los organismos financieros como el Banco Mundial y a la ONU, se está produciendo una pugna entre diferentes países para albergar esta sede'. Entre ellos, Reino Unido, que reclama la sede para Londres.Además del mercado de emisiones, se va a crear un Administrador Central que llevará el registro de transacciones y velará por la transparencia.