Griñán pide a Solbes que no diseñe rebajas fiscales sin aclarar la financiación de la Seguridad Social
El ex ministro y actual consejero de Economía y Hacienda de Andalucía, José Antonio Griñán, pidió ayer al Gobierno que no acometa ninguna rebaja de impuestos sin que el Estado asuma antes el pago de más de 3.200 millones de complementos a mínimos de las pensiones que se pagan con cotizaciones.
El Estado no puede hacer rebajas fiscales hasta que no se separen absolutamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social'. Así de tajante fue el consejo lanzado ayer al Gobierno por el ex ministro de Trabajo socialista y actual consejero andaluz de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán.
El equipo económico del Gobierno empieza a recibir, por tanto, advertencias desde las propias filas socialistas de cara a la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo para 2006.
Griñán se refería así al compromiso establecido en el Pacto de Toledo para que el Estado asuma, vía impuestos generales, la financiación de los complementos a mínimos de las pensiones de cuantía más baja. Complementos que en la actualidad se abonan mayoritariamente con las cotizaciones sociales.
El pago de estos complementos a mínimos que según el Pacto de Toledo debería financiar el Estado antes de cinco años, es de 3.242,29 millones anuales, según lo presupuestado para este año.
La propuesta del consejero andaluz, enunciada durante un seminario sobre el futuro de la Seguridad Social de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, es que se acelere lo más posible esta separación de fuentes financieras, para lo que desaconseja cualquier reforma fiscal que suponga una merma de ingresos.
El ex ministro de Trabajo, que conoce bien las cuentas de la Seguridad Social, apuntó cuáles son, a su juicio, las líneas de la próxima reforma, que deben pasar por que las pensiones no suban en ningún caso por encima del IPC.
'El sistema no puede afrontar una subida de las pensiones máximas', dijo, si bien excluyó el incremento de las pensiones mínimas previsto por el PSOE en su programa electoral.
En su opinión, esta decisión de no aumentar las pensiones, junto con la necesidad de prolongar la vida laboral, 'serán mucho más decisivas para controlar el aumento de gastos de la Seguridad Social que el debate de prolongar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión', indicó.
Toda la vida laboral
Dicho esto, consideró que 'sería justo que se tenga en cuenta el esfuerzo de cotización a la hora de determinar la cuantía de la pensión'. Asimismo, defendió que 'sería deseable que todas las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida profesional tuvieran relevancia a la hora de hacer nacer un derecho a pensión, aunque ésta fuera de muy baja cuantía'.
En cuanto a las perspectivas para el largo plazo, Griñán aseguró que si la economía española consiguiera un aumento de la productividad media que indujera crecimientos importantes del PIB, compatibles con amplios procesos de creación de empleo, 'se reduciría el gasto en pensiones en términos reales y podría investigarse la posibilidad de completar la financiación de la Seguridad Social con fuentes alternativas a las cotizaciones' que estarían ligadas a los impuestos generales.
El coste de la pensión privada
Otro ex ministro de Trabajo socialista, Luis Martínez Noval, defendió ayer el sistema de pensiones público y de reparto. En contra de aquellos que están basados en la capitalización, Martínez Noval aseguró que un trabajador que reúna 227.338 euros en 40 años de trabajo y que entregue a un fondo privado lo mismo que a la Seguridad Social se encontrará con que el gestor del fondo se habrá quedado con el 23% de lo reunido y la aseguradora con el 15%.