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Presupuestos

La CE plantea prorrogar el cheque británico, pero no el fondo de cohesión

La Comisión Europea ofreció ayer una prórroga de cuatro años para el llamado cheque británico (los 5.000 millones de euros anuales que el presupuesto comunitario reembolsa al Reino Unido), pero descarta la prolongación del fondo de cohesión para España.

La propuesta se aprobó con la oposición de los dos comisarios británicos, que consideran innegociable el cheque, y de la comisaria española, Loyola de Palacio, por considerar discriminatorio el trato a España. El otro comisario español, Joaquín Almunia, apoyó la iniciativa.

El documento aprobado ayer supone el primer desarrollo reglamentario del marco presupuestario de la UE para el período 2007-2013. Las tensas negociaciones del proyecto final no concluirán antes mediados de 2005, y tanto el cheque británico como la política de cohesión (de la que España es el principal beneficiario con casi 8.000 millones de euros anuales) se perfilan como los puntos más polémicos del debate. Sobre todo, porque los países que aportan más que reciben a la UE desean limitar el presupuesto comunitario al 1% del PIB de los 25 socios, muy por debajo del techo actual (1,27%) e incluso de la propuesta de la Comisión (1,14%).

Bruselas desea que entre las medidas de ajuste se incluya la supresión del llamado cheque británico, que desde 1984 reduce significativamente la aportación del Reino Unido. La comisaria europea de Presupuestos, Michaele Schreyer, apuesta por un sistema de corrección generalizado, que suponga un reembolso de hasta 7.500 millones de euros para todos los países que aporten más del 0,35% de su renta nacional bruta.

España recibe ahora 2.000 millones de euros anuales a través del Fondo de Cohesión

Los cálculos de la Comisión indican que Alemania, Holanda, Austria, Suecia y el Reino Unido pueden beneficiarse del cheque en blanco.

Bruselas descarta, en cambio, cualquier prórroga del fondo de cohesión, un derecho reservado a los países cuya renta per capita no supere el 90% de la media comunitaria. España rebasará dicho umbral como consecuencia de la ampliación del pasado 1 de mayo, y desea un período transitorio que compense ese efecto estadístico. La Comisión acepta esa solución para los llamados fondos estructurales, pero se niega a concederlo en el de cohesión, por el cual España recibe ahora unos 2.000 millones de euros anuales.

A pesar de todo, Almunia considera un buen punto de partida el documento aprobado por la Comisión tras una prolongada y tensa reunión. 'En España ya no podemos solamente pensar en las perspectivas financieras hablando de cohesión porque ya no es ese el momento histórico', apunta el bilbaíno. 'Ya podemos aspirar a otras cosas como fondos para investigación, redes transeuropeas, formación, etc.'.

De Palacio, en cambio, indicó su intención de hacer que constara en acta su reserva al documento.

Tres alternativas al impuesto europeo

Bruselas descartó ayer la creación de un impuesto directo europeo como método de financiación del presupuesto comunitario. Aunque la Comisión Europea reconoce que ese sistema permitiría superar las periódicas trifulcas sobre la aportación de cada país, afirma que 'no es realista plantearlo en esta fase de la integración de la Unión Europea'.En un informe aprobado ayer, Bruselas propone tres alternativas a ese revolucionario en las fuentes de ingresos del presupuesto comunitario.En primer lugar, un impuesto sobre el consumo energético, limitado al transporte por carretera. En esta alternativa podría incluirse también, señala la Comisión, un gravamen al transporte aéreo.La segunda posibilidad apunta al Impuesto sobre el valor añadido, una fuente ya utilizada, pero en la que cabría diferenciar en todas las facturas la parte destinada al presupuesto europeo para que ganara visibilidad ante el ciudadano.La tercera alternativa, cuya aplicación, según la CE, requeriría plazos más largos, atañe al impuesto sobre sociedades. Exigiría, en primer lugar, una armonización de la base imponible de ese tributo.Bruselas pide a los líderes europeos que se decanten por una de las tres posibilidades para empezar a aplicarla en 2014.

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