El Gobierno triplica los fondos de las autonomías para gestionar las bajas laborales
La revisión del convenio entre el Gobierno y las autonomías sobre la incapacidad temporal permitirá a éstas recibir 277 millones de euros para la gestión de las bajas laborales, cuando lo previsto eran 83 millones, han señalado los ministros de Trabajo y de Sanidad, Jesús Caldera y Elena Salgado. En rueda de prensa para presentar los términos en que serán modificados los convenios para la percepción de los fondos por incapacidad temporal, ambos coincidieron en que la revisión permitirá desbloquear la situación de enfrentamiento en la materia registrada en los últimos años entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos.
Según recordó Caldera, en 2001 se discutió el nuevo modelo de financiación autonómica, en el que se incluyó el Fondo de Incapacidad Temporal -para financiar la adopción de programas para el control del gasto de bajas laborales- en el cálculo de la suficiencia financiera del sistema sanitario. Un año más tarde, en 2002, se firmaron -con vigencia para tres ejercicios, hasta 2004- los convenios sobre incapacidad temporal con las comunidades, que para Caldera fijaban unos objetivos "poco realistas y difíciles de conseguir" en materia de control de gasto, lo que impidió que se libraran fondos.
Así, mientras que entre 1997 y 2000 el control del gasto en esa prestación fue "positivo", a partir de 2001 se produjo un "repunte muy fuerte que permanece y que no es imputable ni al crecimiento de la afiliación ni al de los salarios", explicó.
Al respecto, indicó que, mientras que el crecimiento del gasto por baja laboral fue en 2001 del 5,44%, en 2002 del 13,25% y en 2003 del 13%; el del número de afiliados a la Seguridad Social fue en 2002 y 2003 del 1 y del 4,94%, respectivamente. Asimismo, precisó, el incremento de los salarios durante 2002 (4%) y 2003 (3%) también fue inferior al del gasto por incapacidad temporal. Por ello, apuntó que desde el Ministerio de Trabajo se cree que con la aplicación de la renovación del convenio "se puede y se debe actuar como un instrumento eficaz para el control del gasto en incapacidad temporal".
La razón que dio es que la sociedad y los trabajadores deben saber que "si el gasto se desboca y no responde a criterios objetivos, lo pagamos todos, el daño nos lo hacemos todos". Para ello, se ha pactado con las comunidades la revisión del convenio, que, además de tener como objetivo la estabilización del gasto en incapacidad temporal, implica otra serie de medidas y compromisos. Entre ellas destaca la formación de profesionales sanitarios, que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se encargue de la gestión de las propuestas de alta y la informatización de todos los partes de alta y de baja en el ámbito territorial, entre otras.
El objetivo final es mantener el gasto en criterios "razonables" y la prestación para quien la necesite, resaltó Caldera, quien reiteró que los crecimientos de los últimos años no lo son "y ponen en riesgo el sistema y los derechos de todos".
En cuanto al papel que ha tenido el Ministerio de Sanidad y Consumo en el acuerdo de renovación de los convenios, Elena Salgado dijo que ha sido el de intermediar para que afecte "por igual" a todas las comunidades.
En cuanto a las reclamaciones de las comunidades sobre el dinero que se les adeuda de los ejercicios en los que no se liberaron fondos para la gestión de la incapacidad temporal, Salgado respondió que esa reivindicación se la deberían haber hecho al Gobierno anterior, les recordó que esas cuentas están cerradas y que las leyes impiden pagarlas.