Salgado prefiere los impuestos al copago para financiar el gasto sanitario
El Ministerio de Sanidad prefiere que las comunidades financien el gasto sanitario vía impuestos o presupuestos, en lugar de utilizar fórmulas de copago como propone el secretario de Estado de Hacienda.
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, no comparte la idea defendida por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de habilitar a las comunidades autónomas para que implanten, de forma voluntaria, el copago en algunos servicios sanitarios.
En una reciente entrevista con Cinco Días, Fernández Ordóñez abogó por el copago como alternativa para hacer frente al déficit sanitario que arrojan muchas comunidades autónomas. Sin embargo, Salgado dejó ayer claro que prefiere que la sanidad se financie vía impuestos o presupuestos, en lugar de recurrir al copago.
La titular de Sanidad señaló que, aparte del principio de 'suficiencia financiera', el Gobierno debe hacer valer también los de 'equidad' y 'solidaridad'. Y el copago puede perjudicar a los ciudadanos con menos ingresos porque, en principio, no tiene en cuenta el nivel de renta del ciudadano que tiene que pagar un medicamento o servicio (en Francia se cobra por consulta al médico), sino sólo por su consumo.
Salgado explicó que su ministerio está diseñando con las comunidades un catálogo de prestaciones que no serán objeto de copago y 'no es la intención' de su departamento dar marcha atrás a esta línea. Sobre posibles prestaciones futuras más especializadas, indicó que no puede manifestarse ya que desconoce las que pudieran ser.
Con todo, la ministra se esforzó en no generar contradicciones con el número dos del Ministerio de Hacienda. 'De las declaraciones de Ordóñez no se puede inferir que Hacienda vaya a implantar obligatoriamente el copago; sólo hablaba de una posibilidad y siempre a voluntad de las comunidades', aclaró.
Acelerón a la Ley del Medicamento
El Ministerio de Sanidad tramitará por vía urgente la reforma prevista de la ley del Medicamento, para trasponer cuanto antes la directiva comunitaria al respecto (hay de tiempo máximo hasta octubre de 2005 para que entre en vigor). La reforma permite, entre otros asuntos, que la solicitud para comercializar un genérico se tramite dos años antes (el octavo año) del plazo mínimo (diez años) a partir del cual está autorizada su venta. Ello agilizaría la gestión, y por ende, reduciría el gasto farmacéutico.El uso de genéricos (medicamento con el mismo principio activo que uno con marca) es una de las medidas de contención del gasto considerada prioritaria por Sanidad. Por otra parte, un consejo interministerial (formado por representantes de Sanidad, Hacienda, Trabajo, Defensa, Justicia y Administraciones Públicas), se encargará de analizar las repercusiones presupuestarias de cualquier iniciativa sanitaria.En materia de consumo, Salgado indicó que facilitará la contratación con la administración de las empresas dispuestas a someterse a un 'sistema arbitral' de solución de conflictos.