Adicae recurre el cierre de la instrucción del juicio por el 'caso Gescartera'
Adicae, la asociación de inversores que ejerce de acusación popular, recurrirá hoy el cierre de la instrucción del caso Gescartera. Asimismo, solicitará la recabación de nuevas pruebas antes de que se cierre definitivamente la investigación del caso.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) recurrirá el auto de la juez Teresa Palacios por el que se cierra la instrucción del caso Gescartera, y solicitará la realización de nuevas pruebas. El final de la instrucción supone que no se puede imputar a más acusados y que ha concluido la recopilación de pruebas. Pero Adicae, que es acusación popular, recurrirá esta decisión judicial.
Entre estas pruebas están, por ejemplo, el certificado de datos de los libros de visitas del Ministerio de Economía o de la CNMV, en los que aparezcan visitas de los imputados a Enrique Giménez-Reyna, Pilar Valiente, Juan Fernández-Armesto o Luis Ramallo. También volverá a solicitar la declaración, en calidad de testigos, de responsables de la CNMV, así como información de carácter documental. 'Posiblemente estas pruebas no impliquen las imputaciones que hemos pedido como la de Pilar Valiente, pero sí despejarían dudas, y no pasa nada por realizarlas', explica Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae. 'Alrededor del 70% de las pruebas que hemos solicitado no han sido realizadas', concluye Herrero.
El propio auto de cierre de instrucción otorga un plazo de 10 días para que las partes presenten pruebas no realizadas. Por ello, la asociación puede solicitar la realización de pruebas aprovechando este plazo o directamente en el recurso. A su vez, este recurso puede ser de reforma o de apelación. En el primer caso lo deberá dirimir la propia juez Teresa Palacios. En el segundo de ellos, Adicae se dirigiría a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ahora, de prosperar este recurso, el caso volvería a la juez Teresa Palacios, que ha llevado el caso durante la instrucción.
La finalización del periodo de instrucción ha coincidido con la puesta en libertad de Antonio Camacho, máximo inculpado por la desaparición de 108 millones de euros. Camacho abonó una fianza de 300.000 euros y abandonó de la prisión de Soto del Real. Ha pasado tres años en la cárcel a la espera de juicio. Durante la investigación judicial no se ha encontrado rastro del dinero desaparecido.