Los autónomos dicen que cotizan menos por cobrar menor pensión
Ante la intención del Gobierno de aumentar las aportaciones de los autónomos a la Seguridad Social, los representantes de este colectivo admitieron ayer que su esfuerzo de cotización es menor que el de los asalariados, pero argumentaron que también sus pensiones son un 40% más bajas.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado ha anunciado en los últimos días y en distintos foros la intención del Gobierno de aumentar el esfuerzo de cotización de los trabajadores autónomos para hacer más contributivo el sistema y, al tiempo, asegurar su viabilidad financiera.
Estos planes de Trabajo han puesto en pie de guerra a los representantes de los autónomos: admiten que sus aportaciones son inferiores a las de los asalariados del Régimen General pero, en contrapartida, sus pensiones son también un 40% más bajas. Asimismo, son un 27% inferiores a la pensión media de todo el sistema
En concreto, según los datos de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), la pensión media de este colectivo era en marzo pasado de 417,50 euros al mes frente a los 687,72 euros de la prestación media del Régiment General y los 573,66 euros al mes de la pensión media de todo el sistema de Seguridad Social.
A esta diferencia, los trabajadores por cuenta ajena añaden que el régimen especial en el que están inscritos dentro de la Seguridad Social (el RETA) 'es el más rentable de todos', ya que mientras que el Régimen General gasta en prestaciones el 89,3% de lo que recauda, el de autónomos sólo destina a pensiones el 76,9% de todo lo ingresado. Frente a esta situación el resto de los regímenes son claramente deficitarios: el Régimen Agrario gasta el 640,6% de lo que recauda; el del Mar, el 495,6% y el del Carbón el 496,5%.
Además, el Régimen de Autónomos es el más sostenible al tener 2,99 cotizantes por pensionista frente al 2,15 cotizantes por pensionista del total del sistema.
Desciende la regulación de empleo
Entre las medidas que planea el Ministerio de Trabajo para garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social es aumentar las trabas de las empresas en sus constantes recursos a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y evitar así el gasto público que ésta práctica supone. De momento y antes de que se haya concretado ninguna de estas medidas, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por el Ministerio de Trabajo ha descendido en los cuatro primeros meses del año. Entre enero y abril, un total de 19.085 trabajadores se vieron inmersos en un ERE autorizado, lo que supone un descenso del 29,62% respecto a igual periodo del anterior. En estos cuatro meses las autoridades laborales autorizaron 1.495 expedientes, un 9,39% menos. De ellos, 1.274 fueron pactados con los sindicatos. Trabajo autorizó 862 expedientes de extinción de empleo, un 13,54% menos, que supusieron el despido de 9.941 trabajadores, un 21,6% menos. Otros 8.983 trabajadores se vieron afectados por expedientes de suspensión temporal de empleo.