Sevilla advierte a los municipios que no podrán cobrar la deuda histórica
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer al término de la primera reunión oficial que mantuvo con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Vázquez, que será muy difícil que los consistorios puedan cobrar los más de 4.200 millones de euros correspondientes a su deuda histórica.
Esta deuda corresponde a los servicios que los ayuntamientos han venido prestando durante los últimos años sin tener competencias específicas para ello, lo que está provocando, según la Femp, que la situación financiera de las corporaciones esté al borde del caos.
Sevilla prefirió utilizar el término 'deuda estructural', frente al apelativo de histórica, 'por eso, lo que tenemos que hacer es modificar las estructuras para que ese déficit de recursos de los municipios no siga aumentando', al tiempo que reconoció que va a ser muy difícil satisfacer la reivindicación de las administraciones locales.
Vázquez replicó con una sonrisa las palabras del titular de Administraciones Públicas e insistió que la deuda contraída con los ayuntamientos no sólo es moral y de agradecimiento, sino que al ser económica 'estoy convencido que encontraremos un punto de acuerdo capaz de resolver el problema de la deuda antes de abordar la necesidad de un nuevo sistema de financiación'.
Factura del IAE
Pese al desencuentro que protagonizaron en este asunto, en otra de las grandes reivindicaciones efectuadas por los municipios, como es el pago de la compensación por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sí hubo acercamiento.
Sevilla anunció que el objetivo del Gobierno es que los 241 millones que el Estado adeuda a los ayuntamientos puedan ser pagados antes de finales de año, aunque matizó que la última palabra la tendrá el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
Por último, el ministro confirmó que hay consenso sobre la necesidad de reformar el actual sistema de financiación local, 'basado en una redistribución del gasto y los ingresos', proyecto que se abordará a lo largo de la legislatura y Vázquez anunció que se aplaza seis meses la aplicación de la ley de grandes ciudades.