El Gobierno pone límites a los números 800 para evitar fraudes
La Guardia Civil anunció ayer por la mañana la detención de cinco personas, acusadas de haber defraudado más de 35 millones de euros a unos 45.000 usuarios, a través de programas de marcado que redirigían las conexiones de Internet a números de tarificación adicional (906, 907 y 806).
A partir de ahora, estos fraudes serán más difíciles. El Ministerio de Industria ha modificado la orden ministerial que regula los conocidos como números 800 o 900 en su vertiente más problemática y ha introducido limitaciones que harán más complicado el engaño.
El cambio principal es el que establece la necesidad de solicitud previa, con firma incluida, a los usuarios por parte del operador para desbloquear el acceso a los servicios de tarificación adicional que tengan un precio superior a un euro y los que se presten sobre sistemas de datos.
Petición de los consumidores
Esta petición previa ha sido una de las reclamaciones tradicionales de las asociaciones de consumidores y usuarios, que lo consideran imprescindible para frenar el avance de los fraudes y proteger a los usuarios. También evitará las confusiones y las llamadas no deseadas a los números 803, 806, 807 o 907, unas marcaciones que, además del coste de la conexión, añaden una retribución a la empresa que los gestiona en concepto de suministro de información.
La otra novedad de la orden ministerial -consensuada con el Ministerio de Sanidad y Consumo, dadas sus competencias en esta materia- es que incluirá dentro de su ámbito de aplicación a los servicios premium de mensajería sobre telefonía móvil, accesibles mediante el envío de mensajes SMS dirigidos a números cortos.
Además, los cambios legislativos obligarán a las compañías de telecomunicaciones a incluir en sus facturas la identidad de los prestadores de servicios de tarificación adicional y a desglosar la tarifa que cobra el operador de la parte que le corresponde al titular de la línea.
En caso contrario, el usuario tendrá derecho a no pagar las llamadas, sin que le corten el servicio telefónico, o a exigir la devolución de su importe si se la hubiesen cargado en cuenta.