El fiscal pide archivar el 'caso de las jubilaciones'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer por cuarta vez la libre absolución del presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, del ex presidente José María Amusátegui, y del también ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, al considerar que no cometieron 'infracción penal' en el denominado caso de las jubilaciones.

Según el escrito de conclusiones provisionales elaborado por la fiscalía, 'no existe autoría con relevancia penal', por lo que se solicita el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui. Este escrito se produce de forma previa a la apertura del juicio oral, cuya fecha aún no está decidida por la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios.

Palacios impuso a Botín, Amusátegui y Corcóstegui una fianza conjunta de 164 millones de euros -equivalente a la indemnización cobrada por el ex presidente y a sus emolumentos por pensiones y del ex consejero delegado-.

Estas cantidades, solicitadas por la juez el 27 de abril y depositadas en la Audiencia Nacional por los imputados el 11 de mayo, servirían para resarcir al SCH de los perjuicios sufridos si los tres acusados son encontrados culpables. El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al dejar el banco el 16 de agosto de 2001 el primero y en febrero de 2002, el segundo.

Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad 'para dejar el campo libre a Botín'.