Los empleados públicos verán limitado su paso al sector privado
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, expresó ayer en el Congreso su opinión contraria a que los empleados públicos puedan trabajar en empresas privadas del mismo área donde han prestado sus servicios para la administración, aunque no se trate de altos cargos. Para limitar este trasvase, Sevilla quiere establecer incompatibilidades que, en ningún caso, superarían los dos años. También se comprometió a profundizar en el régimen de incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo, altos cargos, directivos de empresas públicas y organismos reguladores, para evitar conflictos de intereses en el desempeño del cargo público.
En la anterior legislatura se produjeron algunos casos que el PSOE no dudó en calificar de escandalosos y que afectaron a altos cargos que pasaron al sector privado sin respetar el plazo de dos años establecido por la actual ley de Incompatibilidades.
Jordi Sevilla se comprometió también a estudiar caso por caso la posible delegación a las comunidades autónomas de servicios que son competencia exclusiva del Estado, una posibilidad prevista en el artículo 150.2 de la Constitución.
El ministro se propone aprobar al final de la legislatura el Estatuto de la Función Pública, que incorporará un sistema de acceso a la Administración más ágil, pero con garantías de consideración del mérito y de la capacidad. También incluirá un nuevo sistema de retribuciones que tendrá en cuenta la evaluación objetiva del desempeño y un nuevo sistema de carrera, en el que la formación cumplirá un papel más importante.
El papel está de más
Eliminar el 80% de los certificados en papel es el objetivo que se ha marcado Jordi Sevilla para ayudar al ahorro de recursos y de tiempo a los usuarios. Se logrará con Internet. Entre la Seguridad Social y Hacienda emitieron 11 millones de certificados en 2003.