Hacienda clasificará al contribuyente por su riesgo de defraudar
El Gobierno clasificará a los contribuyentes según su potencialidad para cometer fraude, centrando su investigación en áreas de riesgo. Con la nueva reforma del IRPF se simplificará el impuesto y se elevarán considerablemente los mínimos exentos, según Solbes.
Hacienda clasificará en el futuro a los contribuyentes en función de su riesgo potencial para defraudar. Esta idea la llevó ayer Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, a su comparencia en el Senado. La intención, según Solbes, es dar salida a un nuevo procedimiento para mejorar la lucha contra el fraude, aspecto que ha sido de los más criticados de la gestión del anterior director de la Agencia Tributaria, y contestado en los últimos años por los propios inspectores de tributos.
La idea de Solbes aún no está madura. De hecho habrá que esperar hasta finales de verano para que Hacienda presente las primeras conclusiones de un plan de actuación que están elaborando los nuevos gestores de la Agencia Tributaria. Este plan de actuación combinará labores de inspección, recaudación y gestión. Aunque el modelo de 'inspección selectiva' que pretende Solbes no es nuevo en sí mismo, sí recoge procedimientos novedosos como el hecho de fijar la atención en la investigación preliminar antes que centrarse sobre liquidaciones de impuestos, como se hace hasta ahora.
'La experiencia nos ha demostrado que las actuaciones de control tradicionales, basadas en la comprobación desde las oficinas de los datos declarados, no son efectivas con una determinada tipología de contribuyentes. Hay que pasar de la mera comprobación a acciones de investigación y prevención', insistió ayer Solbes.
El vicepresidente dice que no habrá 'listas negras' sino tipos de actividades a las que prestar más atención
'La nueva ley general tributaria, que entrará en vigor el 1 de julio, establece que las sanciones ya no se impondrán por la cantidad defraudada sino por la intención de engañar al fisco', recuerda, por su parte, José Manuel Díaz-Arias, presidente del Gabinete de Gestores Administrativos Asesores Fiscales (Gesaf).
No obstante, el vicepresidente económico avisó que 'no habrá listas negras' de contribuyentes sino tipos de actividades que, por sus características, merecen mayor atención de la Agencia.
En el último plan de control tributario figuran como sectores de especial seguimiento el inmobiliario, el financiero y el que engloba a profesiones liberales, además de actividades ligadas a la exportación y la compraventa de bienes de lujo. Por otra parte, Solbes aprovechó su comparecencia en la Cámara Alta para destacar que los ejes básicos de la reforma del IRPF prometida serán la 'simplificación del impuesto' y la 'elevación del mínimo personal'. Por lo que se refiere a las plusvalías (de las que Solbes está remiso a introducir cambios) y demás rentas de capital, se va a abordar un estudio 'sobre las vías de actuación para mejorar la equidad horizontal, teniendo en cuenta el entorno comunitario y la situación de los mercados de capitales'.
Habrá impulsos financieros a la I+D
Solbes dijo que el Gobierno será el primero en involucrarse en el esfuerzo común de la sociedad en pos de acortar aún la distancia con la media comunitaria. Para perseverar en el achique de espacios, cree necesario apuntalar la defensa de la productividad y hacer más eficaces y competentes los mercados. La solución pasa por potenciar la I+D. Como declaró Solbes, 'crear un entorno en el que la investigación, el desarrollo y la innovación se vean facilitados', además de hacerlo 'a través de la actividad financiera del Estado'.El Gobierno focalizará sus actuaciones con la mejora de la competencia en vivienda, telecomunicaciones, energía y el mercado laboral. Del último remarcó la apuesta por el empleo de calidad, la formación continua, movilidad laboral e incorporación de los grupos más desfavorecidos. En apoyo a éstos, recalcó que fomentará el alquiler de las viviendas. Solbes insistió en su intención de revisar el modelo de financiación de las comunidades, 'que tienen una limitada responsabilidad en impuestos cedidos, con competencias normativas parciales y subordinadas a las del Estado'.