Contrato

El Gobierno de Perú niega a Telefónica la prórroga de su contrato hasta 2024

Revés para Telefónica. Después de unas semanas de fuerte polémica, el Gobierno de Perú ha decidido finalmente no prorrogar por cinco años el contrato de la operadora y extenderlo hasta 2024.

El presidente del consejo de ministros fue el encargado de dar la noticia. Tal y como recomendaba el informe del Defensor del Pueblo y de la comisión parlamentaria de consumo, el Estado ha negado la ampliación aludiendo al 'incumplimiento de obligaciones'. En concreto, el presidente habló de incumplimientos en las normas relacionadas con la cooperación con otras empresas telefónicas, de tarifas y de libre competencia. También especificaron que el Gobierno peruano no quiere comprometerse con tanta anticipación y que Telefónica puede pedir otra prórroga, pero lo cierto es que el Ejecutivo ya amplió hace cinco años la concesión sin entrar en estas valoraciones.

Telefónica tardó exactamente 30 minutos en contestar a la resolución del Gobierno y lo hizo con una queja airada. La operadora manifestó su 'sorpresa y desacuerdo', a la vez que reiteró que ha cumplido todas sus obligaciones contractuales. A su juicio, el problema ha sido que se 'ha politizado un proceso técnico de evaluación, dando prioridad al corto plazo y afectando a la seguridad jurídica del país'.

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Riesgo para la inversión

En esta misma línea se manifestó el presidente de la asociación de empresas privadas que prestan servicios públicos, Arturo Woodman, para quien la decisión del Gobierno afectará a las inversiones planeadas en este sector. 'No es una noticia mala, yo creo que es una noticia pésima para el país, que necesita inversiones de 18.000 millones de dólares en servicios públicos', explicó, en declaraciones a un canal de televisión recogidas por Reuters. 'No sé qué otra compañía en el mundo podría venir a invertir a Perú con este tipo de decisiones', agregó.

El problema para Telefónica es que Perú no es el único frente que tiene abierto en Latinoamérica. Una comisión del Congreso de Brasil ha iniciado el proceso para eliminar la cuota de abono y en Chile el nuevo decreto tarifario no es de su agrado. En este mismo país, CTC se enfrenta a accionistas minoritarios por su intención de vender su filial de móvil.