El auditor de la inmobiliaria Procisa duda que las filiales devuelvan créditos de 99 millones
Más de 99 millones de euros han salido de las arcas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios (Procisa), presidida por Luis García Cereceda para ir a parar a un grupo de sociedades relacionadas con el grupo, según el informe enviado ayer a la CNMV.
La auditora Deloitte expone dos salvedades a las cuentas de la inmobiliaria en 2003. La primera es la incertidumbre generada por esa línea de crédito concedida a sociedades 'vinculadas por control común'. Según el informe de la empresa, 'los créditos con sociedades relacionadas tienen su vencimiento en el año 2006, responden a operaciones de naturaleza financiera y han devengado durante 2003 unos intereses de unos dos millones de euros'.
Incertidumbre
Pero Deloitte entiende que 'existe una incertidumbre en relación con la forma en que se produciría la recuperación de los mencionados créditos'. El informe de la inmobiliaria no especifica qué empresas han sido las beneficiarias de los créditos. Sin embargo, existen al menos 18 sociedades, vinculadas a Procisa, en las que varios consejeros ostentan el cargo de administrador único y directivo.
Ningún portavoz de Procisa quiso ayer hacer declaraciones al respecto, después de varias llamadas de este periódico.
El informe de los auditores expone una segunda salvedad a las cuentas anuales de Procisa: 'El Grupo ha registrado una provisión al 31 de diciembre de 2003 que asciende a 19,5 millones al considerar, en función de la situación actual de mercado, que tendrá que hacer frente al 100% de una garantía de arrendamiento asumida'.
Según explica la propia empresa en su informe, la inmobiliaria vendió a lo largo de 2003 un edificio de oficinas en el distrito de San Blas, en Madrid.
Esta venta, según reconoce la compañía, se formalizó junto con un contrato de garantía de rentabilidad al comprador (al 7,25% anual sobre su inversión durante cinco años).
'De acuerdo con un principio de prudencia', explica Procisa, 'se dotó una provisión'. Los auditores creen, sin embargo, que 'no es posible determinar el gasto que finalmente tendrá que asumir la inmobiliaria'·