El Supremo eleva las penas de cárcel en el 'caso Intelhorce'
En una de las sentencias más voluminosas dictadas por el Tribunal Supremo, la Sala Segunda ha decidido endurecer todas las penas de cárcel que la Audiencia Provincial de Málaga impuso hace más de tres años a los acusados por el caso Intelhorce.
La sentencia, comunicada ayer tras un largo periodo de deliberación por la complejidad del asunto, según resalta el Supremo, eleva las penas de cárcel de todos los acusados y admite muchos de los motivos alegados por el fiscal en su recurso contra el fallo dictado en abril de 2001 por la Audiencia Provincial de Málaga por el 'caso Intelhorce', donde se juzgaron las irregularidades cometidas en la privatización de la empresa textil.
Según la sentencia, de la que ha sido ponente el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la privatización de Intelhorce se incurrió no sólo en los delitos de estafa, falsedad y malversación de caudales públicos por parte de los compradores de la compañía, sino que también hubo cohecho (soborno).
Así, condena por este delito a cuatro años y dos meses de prisión a José Miguel Moreno García, que entonces era presidente de la sociedad estatal Improasa y fue nombrado a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
El Supremo añade para Moreno un delito continuado de fraude por confabularse con Giovanni Orefici (el principal acusado, fallecido el año pasado) para defraudar al Estado, y pide cinco años de cárcel. En total, nueve años de prisión para un acusado que fue absuelto por la Audiencia de Málaga. Moreno queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante seis años y un día.
Giovanni Orefici, que fue condenado en su día a 17 años de prisión, es acusado también por el alto Tribunal de un delito de cohecho, con lo que su condena queda ampliada en dos años y una multa de 360.000 euros.
La pena del ex consejero delegado de la empresa Fianzas y Créditos, Manuel Alejandro Márquez, también es ampliada por el Supremo de dos a cinco años por un delito de estafa continuada. El empresario Álvaro García Lavigne ve ampliada su condena de dos a cuatro años por falsedad documental.
El Tribunal ordena, además, celebrar nuevo juicio por un supuesto delito fiscal contra Cristóbal Peñarroya, Wilfredo Pérez, José López y José Vela, propietarios de unos inmuebles vendidos a la empresa textil, causa que la Audiencia de Málaga sobreseyó por estimar que el delito había prescrito.
Fuga y muerte del principal acusado
El caso Intelhorce tuvo complicaciones desde el primer momento. El juicio por el fraude cometido en la venta de esta empresa pública, que tuvo que comenzar dos veces por la jubilación del primer magistrado, estuvo rodeado de las protestas de los trabajadores, que se reunían diariamente en la Audiencia de Málaga para increpar al juez. Tras un larguísimo proceso, en abril de 2001 se dictó la sentencia, juzgada como excesivamente benévola por la acusación y la fiscalía. A eso se sumó la fuga del principal acusado, el empresario italiano Giovanni Orefici, que se refugió en Kenia sin que la orden de busca y captura diera resultado. Hace ocho meses se comunicó su fallecimiento en el país africano, pero tras su entierro en Cremona (Italia), la Audiencia de Málaga solicitó la exhumación del cadáver para asegurar su identidad.