La jueza rechaza desbloquear el proceso civil contra Conde
La titular del Juzgado número 46 de Primera Instancia de Madrid ha rechazado desbloquear el procedimiento civil contra el equipo del ex presidente de Banesto, Mario Conde, mientras el Tribunal Constitucional no decida sobre los recursos presentados por algunos condenados en el caso Banesto.
El banco, que pidió el año pasado reabrir un proceso paralizado desde hace 10 años, ha recurrido la decisión porque entiende que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en 2002 es firme, según un portavoz de la entidad.
El procedimiento civil quedó pendiente por el proceso penal abierto contra el ex banquero y el equipo gestor del banco en 1993, cuando el Banco de España tuvo que intervenir la entidad. Banesto, en su demanda al juez el año pasado, solicitó reabrir esta vía con el fin de depurar la responsabilidad social por el agujero causado en la entidad, de 3.636 millones de euros.
En un auto fechado el pasado 17 de mayo, la jueza señala que 'no parece pertinente alzar la suspensión acordada en su día' mientras el Tribunal Constitucional no decida sobre los recursos de amparo presentados por algunos de los condenados que alegan violación de derechos fundamentales. Y lo justifica porque esta sentencia 'va a tener una evidente repercusión' en la situación jurídica de los condenados e incluso no descarta el supuesto de 'nulidad' de la sentencia del Supremo, según el auto.
El Alto Tribunal dictó sentencia condenatoria contra el equipo de Conde en julio de 2002, en la que duplicó la pena al ex banquero (de 10 a 20 años) por apropiación indebida, estafa y falsedad.
Condenó, asimismo, al ex socio de Conde Jacques Hachuel y al ex consejero delegado del banco, Enrique Lasarte, cuando la Audiencia Nacional los había absuelto en 2000. El tribunal decretó una pena de trece años y ocho meses al ex vicepresidente Arturo Romaní y de seis años al ex director general Fernando Garro. Aumentó, además, la condena del ex consejero Rafael Pérez Escolar de seis a nueve años y ocho meses por apropiación indebida.