Las empresas abogan por una ley de responsabilidad social que regule sin imponer

La decisión de crear una ley sobre responsabilidad social corporativa ha abierto un debate entre empresas que defienden que el carácter voluntario de estas cuestiones frente a los actores sociales que exigen que la Administración ponga orden y determine un proceso de verificación para saber quiénes están cumpliendo con estos criterios.

En el año 2006 podría estar lista la nueva ley de responsabilidad social corporativa (RSC). Así lo anunció Ramón Jáuregui, portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo, en diferentes actos la semana pasada. El diputado socialista aseguraba que con esta ley el gobierno se propone 'estimular los comportamientos de RSC en las empresas', y admitió que existe una 'discusión importante' sobre la conveniencia de que exista una regulación de estas cuestiones, informa Europa Press.

Los reticentes a la legislación mantienen que hasta ahora las empresas que se han preocupado por mantener una conducta ética y solidaria no han necesitado una ley que les incentive a hacerlo. 'La implantación del RSC no se resuelve con normas, sino con compromisos', asegura Manuel Escudero, secretario general del Pacto Mundial de la ONU en España, que ayudó al PSOE a elaborar su propuesta en esta materia. 'El debate entre voluntariedad u obligación es falso porque ambas son necesarias. Las empresas deben ser libres para asumir estos compromisos y no imponerles los mínimos que deben hacer', matiza.

La visión del secretario de la ONU en España es la más extendida en el sentido de que quienes creen necesaria una normativa quieren que el estado intervenga para definir cómo se debe actuar o quién debe verificar que se está siendo socialmente responsable, más que defender una ley que imponga los compromisos a las empresas.

Economistas Sin Fronteras reclama, más que una ley, que se apliquen los criterios de RSC a todas las políticas

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ya decía a principios de este año que se necesitaban unas normas expresas enfocadas a regular flecos pendientes como es el desarrollar un proceso de medición y de certificación. De hecho, este va a ser uno de los grandes retos del regulador. Economistas Sin Fronteras, Setem, Intermón Oxfam y Amnistía Internacional van más allá y piden desde hace años una regulación que marque las conductas esenciales a respetar por la comunidad empresarial. Estas asociaciones echan de menos alguna norma que ponga un poco de orden entre todas las iniciativas que han ido surgiendo como el Global Reporting Initiative, el Pacto Mundial, las directrices de la OCDE o la declaración tripartita de la OIT.

'Está claro que la Administración tiene algo qué decir cuando de lo que hablamos es de derechos laborales y de los consumidores o del respeto a los derechos humanos o del medio ambiente', señala Marta de la Cuesta, responsable de RSC de Economistas Sin Fronteras. 'El Gobierno tiene que ordenar, verificar y transmitir a la sociedad el comportamiento de las empresas en estas materias', defiende.

En este sentido esta fundación cree que la administración tiene dos grandes responsabilidades. Por un lado, promover una actitud ética en las empresas y por otro lado, aplicar estos criterios dentro de la propia administración, teniendo en cuenta estos principios a la hora de asignar contratos públicos o de determinar políticas de importación. 'No deberíamos hablar de una sola ley, sino que se deberían aplicar estos criterios a toda la legislación pues afectan a las relaciones internacionales, a todos los factores sociales, a la economía en general, al medio ambiente...', concluye.

En Europa se dieron los primeros pasos para reglar las políticas de RSC en 2001 con la publicación del Libro Verde. El Parlamento Europeo concretará más sus propuestas en una directiva que se espera para el próximo septiembre. Es previsible, pues, que la creación de la ley no avance mucho hasta conocer la postura europea. 'Es importante que la ley no suponga más burocracia y se convierta en un freno en la competitividad de las empresas españolas', apunta Germán Grandas, director técnico de Forética.

Comité de Expertos: Los sindicatos también opinarán

Aún no hay fechas, pero uno de los primeros pasos para crear la ley de RSC va a ser renovar el comité de expertos, creado por el PP a finales de 2003 en el Ministerio de Trabajo. Todavía no sé sabe quién conformará este nuevo grupo de asesores, ni cuándo se procederá a su renovación.Interlocutores sociales. No se han dado nombres, pero la principal innovación en el comité de expertos es el dar cabida a las voces de nuevos interlocutores sociales, como son los sindicatos y patronales, que no estaban representados en el grupo originario.Nuevos miembros. Ninguno de los antiguos miembros sabe si continuará asesorando al gobierno. Borja Mansuelga, responsable de RSC en el SCH, Alberto Andreu de Telefónica, Paco Abad de Empresa y Sociedad, por citar algunos, han visto por el momento paralizada su labor.Manuel Escudero, secretario del Pacto Mundial, va a ser el encargado de revisar quién compondrá el nuevo comité.

Ejemplos a seguir: Las empresas responsables también son rentables

La RSC no está reñida con la competitividad. Esta es un mensaje que quieren demostrar muchas de las asociaciones y ONG. Uno de los principales ejemplos son las Cajas de Ahorro que han sido capaces de competir claramente con los bancos.'La ley no nos obliga a reinvertir un porcentaje fijo de nuestros beneficios, ni tan si quiera a destinarlo a fines sociales', aclara Pascual Cámara, responsable de Obra Social de Caja Madrid. Esta entidad ha invertido este año el 27% de sus beneficios a obras sociales, pero porque desde su origen el negocio de las cajas ha tenido un fin público, que finalmente ha resultado muy rentable. Por eso, muchas veces estas entidades no ven con mucho agrado cuando los bancos mezclan solidaridad y negocio como un reclamo publicitario.También en el Grupo VIPS, que ha duplicado su negocio los últimos cuatro años, tiene una sensibilidad social muy alta con una política de contratación de disminuidos físicos, psíquicos o mujeres maltratadas. 'Lo importante es que se produzca un debate y que el concepto de RSC vaya calando en las empresas', opina Miguel Ángel García, jefe de RR HH en Grupo VIPS.

Certificación: ISO renuncia a crear una norma de auditoría social

Ni tan si quiera ISO se ha atrevido a elaborar la norma certificable sobre RSC. Aenor, que se reunía la semana pasada con el grupo que le está ayudando a definir criterios, también ha decidido que por el momento se va a limitar a realizar una guía orientativa más que una norma.El principal reto de los legisladores va a estar precisamente en definir quién está autorizado y qué método de auditoría para la gestión responsable es el que va a tener validez legal, como ya hicieron en calidad y medio ambiente.'La principal complicación es que no todos los sectores tienen las mismas problemáticas por lo que resulta muy difícil definir criterios comunes', opina Grandas de Forética. Esta asociación no lucrativa, que vigila por la gestión ética de las empresas, ha creado su propia metodología a través de la cual ya se han certificado cinco empresas.Su método SGE21 está siendo analizado por Aenor y es la única referencia en el área de RSC, a parte de la certificación SA 8000, aunque esta última está exclusivamente centrado las empresas que están exigiendo códigos de conducta contra la explotación a sus proveedores.