Las autopistas cobrarán 23 millones por el conflicto de las tarifas

El Estado tendrá que compensar con 23 millones al sector de autopistas por la congelación de peajes de 2000, según la cifra que manejan fuentes del sector. Tras la sentencia que declaró nula esa medida se abrió la vía para que las empresas reclamaran la cantidad que dejaron de ingresar, que ha sido reconocida ya por Fomento.

Tras la promulgación a finales de 2003 de la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula la congelación de tarifas decretada por el Gobierno del PP en el año 2000, cada una de las concesionarias ha ido reclamando el dinero que dejó de ingresar, según distintas fuentes del sector.

Tras la presentación de las oportunas reclamaciones en los últimos meses, la Administración, bajo el anterior Ejecutivo, decidió asumir la deuda, cifrada en unos 23 millones de euros. De este modo se acorta un procedimiento que por la vía judicial se hubiera prolongado en el tiempo y que previsiblemente hubiera reconocido a las concesionarias el pago de esa cantidad por el Estado más los intereses de demora.

De hecho, en la jurisprudencia española ya existen antecedentes de sentencias que recuerdan a la Administración la obligatoriedad de revisar anualmente las tarifas de las autopistas de peaje si así lo estipula el contrato concesional.

Todas las concesionarias de titularidad estatal operativas en ese momento (Acesa, Europistas, Iberpistas, Aumar, Avasa y Ausol l) recurrieron al Supremo, excepto la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que por ser de propiedad pública, fue la única que no lo hizo.

Espíritu de la sentencia

Sin embargo, esta empresa afirma que, dado el espíritu de la sentencia, también recibirá la compensación correspondiente por la pérdida de ingresos de sus dos filiales afectadas, Aucalsa y Audasa. Audenasa y Autostradas quedan al margen por estar bajo régimen tarifario autonómico.

Ahora el abono de esos 23 millones sólo depende de la tramitación legal, es decir, de la elaboración de un real decreto en el que se apruebe el pago por el Consejo de Ministros. El reciente cambio de Gobierno y la constitución de las nuevas cámaras ha retrasado la aprobación de esa norma que, en todo caso, el sector espera en breve.

La disputa legal provocada por la congelación de los peajes empezó en julio del año 2000 cuando la mayor parte de las empresas concesionarias de autopistas de peaje decidieron recurrir al Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros de marzo de ese mismo año.

El Ejecutivo, mediante un decreto-ley impulsado por el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Rafael Arias- Salgado, decidió unilateralmente no subir los peajes con dos objetivos declarados: contribuir a controlar la inflación y abrir un proceso negociador con las compañías concesionarias para establecer otro modelo de revisión del precio de los peajes.

Hasta entonces, las tarifas de las autopistas se incrementaban cada año en marzo aplicando el 95% del índice de precios al consumo (IPC). El Ministerio de Fomento estableció un sistema que se rige por el IPC medio anual corregido al alza o a la baja en función de la evolución del tráfico respecto a las previsiones iniciales de cada ejercicio.

Las cifras

3% fue la inflación interanual en marzo de 2000. Los peajes de ese año tenían que haber subido el 95% de esa cifra.1.565 kilómetros de nuevas autopistas se abrirán a lo largo de este ejercicio en España. La mayoría en Madrid.178 millones de euros facturó por peajes el sector en 2003, el 11% más.

Nuevos recursos ante la Audiencia

Tras promulgarse la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la congelación de peajes aplicada por el Gobierno entre marzo de 2000, fecha en que venció el sistema de revisión de tarifas anterior, y diciembre de ese año, las concesionarias han interpuesto de forma individual recursos en la Audiencia Nacional para reclamar otra compensación derivada de esa congelación: su impacto en los ejercicios siguientes por la pérdida de base sobre la que calcular las revisiones de tarifas en 2001, 2002, 2003, y 2004. Todavía no se ha producido resolución judicial alguna sobre esta reclamación pero en el sector consideran muy probable que la justicia les vuelva dar la razón.Mientras tanto, las autopistas españolas han aplicado sin problemas el sistema de revisión de tarifas introducido por primera vez en el año 2001, el cual liga la subida a la evolución del tráfico en cada vía. Desde que entró en vigor ese mecanismo, el incremento medio de los peajes de las autopistas estatales se ha situado en una media del 3%.