Anticorrupción registra la sede de Abengoa y requisa las actas del consejo
La investigación judicial contra los administradores de Abengoa sigue adelante. Seis meses después de la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de una querella por presunta administración desleal por parte de los máximos directivos de la empresa por la compra de una participación en Xfera, la Fiscalía Anticorrupción ha registrado la sede de la compañía y ha requisado actas del consejo.
La Fiscalía Anticorrupción decidió, en el mes de abril, registrar la sede de la compañía en relación a la querella contra cuatro consejeros y máximos directivos de la compañía por un presunto delito de administración desleal y falseamiento de cuentas por la compra del 3,7% de Xfera a una sociedad instrumental controlada por los propios consejeros de Abengoa.
El registro, llevado a cabo por la secretaria de la Fiscalía y otros dos funcionarios del ministerio público, tenía por objeto recabar documentación relacionada con la querella interpuesta el pasado mes de septiembre por la Fiscalía, a instancias de la CNMV, contra el presidente de Abengoa, Felipe Benjumea Llorente; el vicepresidente, Francisco Javier Benjumea Llorente, y los consejeros José Joaquín Abaurre Llorente y José Luis Aya Abaurre.
Los funcionarios de Anticorrupción solicitaron las actas de los consejos de administración celebrados entre junio de 2002 y enero de 2003. Fuentes cercanas a Abengoa señalaron ayer que 'la empresa no se opuso en ningún momento a la solicitud de información de la Fiscalía y que el requerimiento de los funcionarios se desarrolló en tono cordial'. 'Pidieron las actas y se las proporcionamos', añadieron esas fuentes.
La Fiscalía investiga la legalidad de la compra del 3,7% de Xfera por Abengoa
Sobre la posición oficial de la empresa, un portavoz afirmó que 'no se puede comentar nada mientras la investigación esté sometida a secreto sumarial'.
El registro de Anticorrupción se ha producido seis meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiera a trámite la querella de la Fiscalía. La operación que está siendo investigada, y en la que han sido imputados los cuatro consejeros, es la compra por parte de Abengoa del 3,7% de Xfera por 25 millones de euros a una sociedad instrumental, Inversión Corporativa, controlada por los cuatro directivos, que al mismo tiempo posee un 55% de Abengoa.
La intención de la Fiscalía, después del levantamiento de las actas del consejo, es demostrar que hubo un conflicto de intereses entre los hermanos Benjumea al utilizar Abengoa a espaldas de sus accionistas y de la CNMV y hacer que asumiera una operación de compra de una empresa (Xfera) cuyo valor cayó en picado después de la crisis del mercado tecnológico.
En las actas de los consejos celebrados entre octubre y diciembre de 2002, fecha en la que se produjo la venta de la participación en Xfera por parte de la sociedad instrumental de Felipe y Javier Benjumea, no aparece referencia alguna a la operación, según fuentes cercanas a la investigación.
Además de requisar las actas, la Fiscalía ha practicado en las últimas semanas otras diligencias para avanzar en la investigación. Anticorrupción ha pedido a la CNMV copia de todos los requerimientos que efectuó a Abengoa entre octubre y diciembre de 2003 para que le enviara los 'contratos de indemnidad' pactados con la empresa. Los cuatro imputados han esgrimido como defensa ante el juez Andreu que ese contrato de indemnidad cubre las posibles pérdidas, daños y perjuicios derivados de la operación.
Un negocio estratégico que acabó en los tribunales
El 'caso Xfera' tiene su origen en 2000, cuando Inversión Corporativa (controlada por Felipe y Javier Benjumea y que posee un 55% de Abengoa) compró el 3,7% de Xfera. Tres meses después, Abengoa acepta una opción de compra de la participación de IC en Xfera. En 2002, Abengoa ejerce la opción de compra y, aunque Xfera aún no tiene actividad, paga a IC 25 millones. La CNMV investiga la operación y remite la documentación a Anticorrupción. En la querella, el fiscal David Martínez Madero considera que 'los querellados contrajeron al margen del conocimiento de sus accionistas y de la CNMV unos vínculos jurídicos que le han causado a Abengoa un perjuicio patrimonial que constituiría un delito de administración desleal'.