Proteger al inversor de sí mismo
El mercado financiero, supuestamente más desarrollado y ortodoxo que otros, va a terminar dando la razón a los expertos en marketing más extremistas. Aquellos que predican que da igual el artículo que se venda, pues una buena campaña hace que el consumidor compre, literalmente, cualquier cosa.
Las ventas masivas de fondos de inversión garantizados ya pusieron de moda el uso de campañas publicitarias para productos financieros que hacen palidecer al lanzamiento de las colecciones de verano de El Corte Inglés. El bombardeo publicitario, eso sí, no cayó en saco roto, a pesar de que en los fondos estrella de BBVA y Santander no es oro todo lo que reluce, y el ininteligible despliegue de letra pequeña que figura en los folletos de los fondos -no en los trípticos- esconde relaciones rentabilidad-riesgo más bien discretas.
En estos casos urgía la transparencia, es decir, que las entidades fuesen capaces de explicar a los inversores las características de los productos.
Pero ahora llega otro producto financiero, cuya rentabilidad sí es transparente, pero que ofrece un dudoso negocio al inversor. Se trata de la oferta de deuda de la Empresa Nacional de Autopistas, ENA, empresa del grupo Sacyr Vallehermoso. Esta deuda ofrece un tipo de interés del 4%, por debajo del que otorga la deuda del Estado. La empresa sostiene que la deducción en la tributación de renta eleva la rentabilidad hasta más allá del 5%, sobre todo en rentas altas.
No tiene sentido que un inversor opte por adquirir deuda de una empresa privada cuando el Estado, que presumiblemente será mejor pagador, ofrece más rendimiento. Presumiblemente porque la emisión de títulos de ENA no tiene calificación financiera. Standard & Poor's, Moody's y Fitch se niegan a valorar la capacidad financiera de la empresa porque consideran insuficiente la información recibida.
Al inversor hay que protegerle. Pero en este caso debería ser protegido, principalmente, de sí mismo, pues ha comprado un artículo sin garantía y a precio fuera de mercado. La actuación de los reguladores en estos casos no puede ir más allá de garantizar que este tipo de colocaciones de dudosa rentabilidad para el inversor sean posibles no por la carencia de un asesoramiento apropiado en las oficinas bancarias, sino por la escasa cultura financiera del ahorrador español.