La Audiencia obliga a admitir a trámite el recurso de Asturias contra la venta de ENA

La Audiencia Nacional obligará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid a admitir el recurso interpuesto por el Gobierno de Asturias en contra de la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), en la que se integra la Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa).

Según informó ayer el ejecutivo del Principado, la sala sexta de lo contencioso de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que afirma que las aseveraciones del juzgado 'son prematuras en el trámite de inadmisión del recurso'. Asimismo considera necesario 'examinar si es o no procedente el rechazo del requerimiento hecho por el Gobierno del Principado, siendo ésta una cuestión que incide por completo en el fondo litis'.

De esta forma, la Audiencia Nacional obliga al juzgado, que aludió en su resolución a la 'falta de legitimación del recurrente' y aseguró que se invocaba 'una normativa no aplicable al caso', a entrar en el fondo de la cuestión y a determinar si las razones del ejecutivo asturiano son o no ajustadas a derecho.

Según el Gobierno asturiano, la privatización de ENA en noviembre de 2002 por el consejo de administración de la SEPI suponía un ataque a los intereses de la región, 'ya que cercena la posibilidad de comunicación por carretera con la Meseta de forma libre'. El consejo de administración de la SEPI adjudicó ENA a un consorcio que ofreció 1.586 millones de euros encabezado por la constructora Sacyr Vallehermoso, con un 50% del capital, e integrado además por SCH (20%), Caixanova (10%), Caixa Galicia (10%), Torreal (5%) y Caja el Monte (5%).

El mecanismo utilizado por la SEPI, entonces dirigida por Ignacio Ruiz Jarabo, fue una especie de subasta económica, en la que participaron tres consorcios tras superar una serie de requisitos de solvencia para poder concursar. Los otros dos finalistas fueron Ferrovial y FCC-Acciona.