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Crisis del gas en argentina

La falta de suministro cruza las fronteras y se extiende a la industria

Las acusaciones que el presidente argentino, Néstor Kirchner, lanzó ayer contra Repsol YPF por la falta de inversiones de la compañía, se extendieron al incumplimiento que la petrolera ha hecho de sus contratos de exportación a Chile. Kirchner aseguró que de la falta de inversiones de la compañía ha tratado con el nuevo presidente del Gobierno español. Según sus palabras, en una conversación telefónica con José Luis Rodríguez Zapatero, éste se comprometió a tratar de solucionar el asunto.

En el caso de las exportaciones a Chile, que se han reducido en 3,3 millones de metros cúbicos diarios, Repsol podría verse en los tribunales con Endesa, a la que ha rebajado a la mitad el suministro de gas argentino para sus centrales chilenas. Desde que a principios de abril el Gobierno de Kirchner obligara al cumplimiento estricto de los contratos, Repsol vende a Endesa Chile 900.000 metros cúbicos diarios, frente al 1,8 millones que recibía anteriormente. La compañía eléctrica ha amenazado con iniciar acciones judiciales contra Repsol, si la falta de gas acaba afectando a sus resultados.

Repsol ha respondido que la cantidad que se envía ahora es la que figura en los contratos y, aunque había solicitado permiso para llevar al contrato la cantidad realmente exportada, no se lo 'habían llegado a dar', según fuentes de la empresa.

Otras muchas compañías, como Nestlé, Arcor, Volkswagen, Minnetti o Molfino, están sustituyendo el gas por otros combustibles en sus procesos de fabricación.

El próximo día 11 el Gobierno argentino presentará un programa energético que incluirá importantes inversiones. El punto más polémico de este plan es el aumento de las retenciones que cobra por las exportaciones de petróleo (un 20% en estos momentos) entre un 5% y un 10%. Esto acarrearía a Argentina, según analistas, un conflicto con el FMI, que ha pedido al Gobierno que las reduzca. Kirchner también quiere crear una empresa estatal de energía a la que pasarían negocios de los grupos privados, a medida que su concesión vaya caducando.

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