El PSOE advierte a Cataluña que el cambio de la financiación no es urgente
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se alineó ayer en nombre de la Comisión Ejecutiva de su partido con el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la polémica surgida con el Gobierno de Cataluña en torno al calendario para la reforma de la financiación autonómica. Blanco dejó claro que esta reforma no es prioritaria y que el momento para encararla lo decidirá el Gobierno 'mirando al interés general'.
El candidato del PSOE a las elecciones europeas, José Borrell, militante del PSC, eludió pronunciarse sobre la urgencia o no de esta reforma. En cambio, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y su consejero jefe, Jose Bargallo, de ERC, han defendido ya el inicio de la negociación con el Gobierno central. Fuentes socialistas reconocen que la presión del tripartito catalán para afrontar esta reforma es fuerte y deriva, en parte, de los compromisos contraídos por el PSC con ERC y, en menor medida, con Iniciativa per Cataluña. La polémica suscitada por unas declaciones de Jordi Sevilla en las que fijaba el horizonte de la reforma en el año 2008 ha sido sólo parcialmente neutralizada desde el PSOE con el matiz de que aunque los contactos pueden abrirse ahora, la negociación será larga.
Negociación multilateral
Blanco advirtió que esta negociación no será en modo alguno unilateral y se encauzará a través del Consejo de Política Fiscal con la participación de todas las comunidades autónomas. Sus presidentes se entrevistarán en las próximas semanas con Jordi Sevilla y, posteriormente, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La intención inicial del Ejecutivo es hacer coincidir los contactos sobre el cambio del modelo de financiación vigente desde 2002 con las conversaciones sobre la reforma de los estatutos de autonomía. El propio Blanco admitió ayer que hasta entonces podrán producirse acuerdos parciales, relacionados con la financiación sanitaria, uno de los problemas que más preocupan a la Generalitat y también al Gobierno central.
Blanco previno contra quienes intentan mezclar la reforma de la financiación autonómica con el pago de la deuda reivindicada por el Gobierno andaluz, que se eleva a 2.500 millones de euros y está ya en vías de solución.