Laboral

Caldera asegura que el Gobierno eludirá siempre las reformas por decreto

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha anunciado hoy de forma rotunda que "no habrá imposiciones desde el Gobierno que represento". En materia laboral, el PSOE cree prioritario establecer un amplio diálogo social para "dignificar las condiciones del trabajo" y elevará de 400 a 600 euros mensuales el salario mínimo interprofesional (SMI) a lo largo de la legislatura.

Caldera realizó este anuncio durante su discurso en el VIII Congreso de CC OO que se celebra hoy en Madrid, donde lamentó la situación de "precariedad" del mercado laboral español y anunció la intención de los socialistas de acabar con el uso excesivo de los contratos temporales y la rotación en el empleo, reduciendo las cotizaciones sociales para los contratos indefinidos y penalizar más a los contratos temporales.

Para ello, anunció que se reforzará el principio de causalidad, es decir, se intentará ligar el contrato temporal a trabajo también temporal, se perseguirá el encadenamiento de contratos temporales y se estimularán los contratos a tiempo parcial fijos y el fijo discontinuo. En este sentido, se potenciará la labor de la Inspección de Trabajo y se mejorarán los servicios públicos de empleo.

Trabajo realizará todas estas modificaciones sobre la base del diálogo social con sindicatos y empresarios, que tan buenos resultados ha dado en los últimos años, según reconoció Caldera, quien avanzó la necesidad de potenciar la negociación colectiva, para lograr un modelo "más flexible y mejor" de relaciones entre empresarios y sindicatos. "No habrá reformas por decreto que no tengan el respaldo previo de los agentes sociales", dijo rotundamente, recogiendo el aplauso unánime del auditorio.

Parejas de hecho

Caldera se refirió también a la evolución de la Seguridad Social y las pensiones y alertó de los cambios de la sociedad en los últimos años, marcados por cambios demográficos, masiva incorporación de la mujer al trabajo y envejecimiento de la población.

Reiteró que el Gobierno, apoyado en el Pacto de Toledo, acometerá las reformas que sean necesarias para garantizar el futuro del sistema de Seguridad Social y su estabilidad, sinolvidar una mejora de las pensiones mínimas o las de viudedad. También explicó que el Ejecutivo no es partidario de sistemas de capitalización obligatorios y sí optativos.

Por otra parte, se comprometió a reconocer la pensión para las uniones estables de hecho, una idea que el PSOE ya incluyó en su programa electoral. Además, avanzó que el PSOE mejorará los modelos que consigan compaginar la vida laboral y familiar. Caldera también afirmó que, durante los próximos años, "tenemos que poner en pie un nuevo sistema de atención a las personas dependientes" para poder garantizar a nuestros mayores un futuro tranquilo y con garantías de contar con todas las ventajas del estado del Bienestar.

Por último, se refirió a la necesaria mejora de los malos datos de siniestralidad laboral en España y también a la necesidad de dar respuesta a los flujos migratorios y fomentar la integración laboral y social de los inmigrantes.

El INE no actualizará la Encuesta de Población hasta 2005

En otro orden de cosas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado hoy que retrasa la actualización de la Encuesta de Población Activa (EPA) al primer trimestre de 2005, a pesar de que las nuevas proyecciones demográficas extraídas del último censo, de 2001, apuntan a un aumento en 2003 en 630.000 ocupados y 116.700 parados más. En consecuencia, la tasa de paro quedó situada en el 11,5%, frente al 11,3% anunciado, y la de actividad se elevó al 55,5%, medio punto más. La presidenta del INE, Carmen Alcaide, explicó que la decisión se debe a la difícil medición de la entrada masiva de inmigrantes, "el mayor problema estadístico que tenemos". Entre los principales cambios que registrará la encuesta el próximo año, destaca la inclusión de nuevas variables: percepción del salario en caso de ausencia prolongada, supervisión de otros trabajadores, papel de las oficinas públicas de empleo en la obtención del trabajo, horas extraordinarias y carencia de servicios de cuidado a dependientes.