La CMT cifra en 110 millones el coste del servicio universal
La CMT ha fijado en 110 millones el coste de la prestación del servicio universal de telecos en 2002, la mitad de lo reclamado por Telefónica. El regulador mantiene cerrado un año más el fondo de compensación en contra del criterio del operador dominante que provee el servicio.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha fijado a la baja, un año más y por cuarto ejercicio consecutivo, el coste neto del servicio universal de telecomunicaciones en España. El regulador ha calculado este coste para 2002 en 110,112 millones, mientras que Telefónica, el operador que presta el servicio, había solicitado una compensación superior por 222,97 millones.
La CMT, además, ha decidido no activar el mecanismo del fondo compensación de financiación del servicio universal, según el cual el resto de los operadores de telecos con presencia en España debían aportar fondos para sufragar dicho servicio en una cuantía proporcional a su cuota en el mercado.
El principio del servicio universal se establece en base al reconocimiento del derecho que tienen todos los españoles a recibir las prestaciones básicas de telecomunicaciones, sean cuales sean sus ingresos o el lugar del territorio en que vivan o trabajen.
La decisión de mantener cerrado un año más el fondo, que hubiera obligado a aportar a los operadores alternativos unos 25 millones, es contraria a la opinión de Telefónica. El ex monopolio pidió la apertura del fondo el pasado verano durante los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que se celebran en Santander. Argumentó que ésta sería una manera de implicar a sus competidoras en la democratización del servicio, y también una forma de evitar que el Gobierno incluyera nuevos conceptos bajo el paraguas del servicio universal.
Según una resolución sobre este asunto adoptada en el consejo de la CMT celebrado el pasado día 25, el coste del servicio universal en el ejercicio de 2002 se desglosó en cuatro partidas.
Primera, el cargo neto por proveer servicios en 'zonas no rentables' (aquellas de consumo marginal o de difícil acceso de la infraestructura) que ascendió a 111,064 millones. Segunda, el coste por prestaciones a 'usuarios discapacitados', de 39.000 euros. Tercero, el coste neto derivado de 'usuarios con tarifas especiales' (reducción de cuota de abono que se aplica a los pensionistas y a otros colectivos de baja renta), por 181,526 millones.
Por último, la CMT también aprecia que Telefónica obtiene por esta actividad unos 'beneficios no monetarios' que estima en 71,414 millones.
Votos particulares
El organismo regulador entiende que, puestos en una balanza los costes y los beneficios, la prestación del servicio universal 'no supone una desventaja competitiva' para la operadora que preside César Alierta, en comparación con otras compañías.
La resolución del consejo de la CMT fue adoptada por un estrecho margen. De los nueve consejeros, cinco votaron a favor de mantener cerrado el fondo y otros cuatro votaron en contra. Los disidentes, además, han redactado cuatro votos particulares a la decisión.
Desde que en 1998 comenzó a calcularse el coste neto del servicio universal, la estimación realizada por Telefónica siempre ha tenido una cuantía muy superior a la que finalmente ha fijado la CMT. A pesar de ello, tanto la operadora como el organismo regulador, consideran que esta carga se va reduciendo de forma significativa año a año.
Oportunidad de los reglamentos
1 La Ley General de las Telecomunicaciones aprobada en noviembre, aborda aspectos de principio del servicio universal y deja la labor de detalle a los reglamentos. El Gobierno del Partido Popular elaboró los cuatro reglamentos que desarrollan la norma, pero ninguno está avanzado como para ser aprobado antes de que se produzcan el relevo en el Ejecutivo. El trabajo queda pendiente para el Gobierno del PSOE.2 El proyecto de reglamento del servicio universal redactado por el ministro en funciones Juan Costa preveía aplazar dos años, hasta 2007, el proceso por el cual se elegirá en concurso al prestador o prestadores de dicho servicio, contemplándose además la posibilidad de segregar esta función por comunidades autónomas. El PSOE no acepta el aplazamiento de la celebración del concurso.3 En el sector de las telecomunicaciones se estima que la nueva elaboración de los reglamentos sería una oportunidad de oro para debatir y regular el servicio universal, sus límites y sus obligaciones. Entre otros aspectos fundamentales se encuentra la definición detallada de cómo se financia el servicio, y si se debe articular alguna forma de participación de fondos públicos en esta financiación.4 Los cuatro reglamentos pendientes abordan los siguientes aspectos. Primero, la agencia que regulará el espectro de radiocomunicaciones; segundo, los mercados de referencia; tercero, las funciones de la CMT; y cuarto, las obligaciones de servicio público. Estos textos deben ser conocidos e informados por el Consejo Asesor de 'telecos', la CMT, y el Consejo de Estado, antes de ir a Consejo de Ministros.