El Gobierno adopta la directiva de grandes plantas de combustión
Con dos años de retraso, ayer se incorporó a la legislación española la llamada Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión (GIC) que fija determinados límites de emisión de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas procedentes de este tipo de plantas.
El BOE publicó el sábado el real decreto aprobado por el último Consejo de Ministros (el del día 12) que incorpora las directivas comunitarias relativas a la regulación de emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas procedentes de grandes instalaciones de combustión. Estas directivas, que se aprobaron en octubre de 2001 y deberían haber sido transpuestas en 2002, incluye también condiciones para el control de las emisiones de las refinerías de petróleo.
La normativa se enmarca dentro de 'la estrategia comunitaria para combatir la acidificación', y afecta directamente a todas las plantas de generación eléctrica de más de 50 megavatios (MW) e indirectamente a los combustibles que utilizan. Según cálculos que en su día realizó el Ministerio de Economía, esta normativa podría afectar a 5.000 MW.
La llamada directiva de Grandes Instalaciones de Combustión (GIC) deberá ser aplicada por las compañías eléctricas y petroleras el 1 de enero de 2008. Para ello, el Gobierno elaborará un plan de reducción de emisiones. El decreto fija límites de emisión para las instalaciones nuevas y topes progresivos de reducción para las antiguas. Además, las empresas quedarán exentas si se comprometen por escrito ante la Administración, y antes del 30 de junio de 2004, a limitar el funcionamiento de las plantas a 20.000 horas operativas entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015.
Un portavoz de Endesa asegura que las especificaciones de esta norma 'ya han sido consideradas en las futuras instalaciones' por la compañía. Y añaden que, 'hasta la fecha, es la única eléctrica que tiene ya instaladas y operativas tecnologías de desulfuración de gases en cinco de sus centrales térmicas'. Endesa tiene previsto reducir un 88% las emisiones de S02 y un 55% las de NOx, para lo que ha presupuestado una inversión de 597 millones.
En Iberdrola aseguran que la normativa no les afectará demasiado, dado su escasa producción de carbón. 'La hidroeléctrica no emite y los ciclos combinados sólo N0x, pero no demasiado', señalan.
En el caso de las refinerías sólo se fijan condiciones para las emisiones de SO2 y partículas de la regeneración de catalizadores y para el rendimiento de las nuevas plantas de recuperación de azufre. No se aplicará la norma en los dispositivos de conversión del sulfuro de hidrógeno en azufre.
Entre el plan de asignación de CO2 y el de reducción de SO2
El Gobierno socialista tendrá que asumir la elaboración de dos planes medioambientales que el PP ha dejado por hacer: el Plan Nacional de Asignación (PNE) de emisiones de CO2, cuyo plazo termina el 31 de marzo, y al que obliga la directiva sobre el comercio de emisiones que da cumplimiento al Protocolo de Kioto. Además, tras la entrada en vigor de la nueva normativa sobre emisiones ácidas, tendrá que diseñar el plan de reducción de SO2, NOx y partículas procedentes de las grandes instalaciones de combustión. España tenía dos opciones: una reducción individual por plantas o mediante un plan de reducción. Y ha optado por ésta última, porque, según el decreto 'permite una mayor flexibilidad' a las plantas.