Elecciones

El PP quiere que las empresas costeen toda la prejubilación

El PP quiere trasladar a las compañías los costes de las prejubilaciones que en la actualidad asume el Estado. Se trataría fundamentalmente de que el sector público tenga 'coste cero' en esta materia, para lo que la empresa debería costear los dos años de prestación por desempleo a los que acceden la mayoría de los prejubilados.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que, en caso de ganar las elecciones, su partido adoptará una serie de medidas destinadas a desincentivar las prejubilaciones.

Dos altos cargos del partido concretaron que la idea del PP es que las empresas se responsabilicen de 'todos los costes de sus prejubilaciones'. Fundamentalmente se referían a que se hagan cargo de la prestación por desempleo a la que acceden los prejubilados una vez son despedidos, generalmente agotando el máximo de dos años que permite la ley.

Las prestaciones por desempleo abonadas a los casi 50.000 trabajadores que son prejubilados anualmente suponen pagos de alrededor de 600 millones. Esta cifra es costeada por el Instituto Nacional de Empleo (Inem), que, a su vez, se financia con las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Casi la mitad corresponde a prejubilados de grandes compañías.

El Inem asume ahora 600 millones de euros al año por pagos a los prejubilados

El PP justifica esta medida señalando que la mayor parte de las empresas que recurren a la prejubilación de empleados lo hacen 'exclusivamente para sanear sus cuentas'.

Los populares están decididos a desincentivar esta práctica en la próxima legislatura. Pero todavía no han concretado cómo forzarán a las empresas a costear los salarios de los prejubilados reciben ahora de las arcas del Inem.

A falta de detalles concretos sobre cómo se aplicará la medida, expertos del mundo empresarial y sindical consultados por este periódico aseguran que la propuesta 'es absolutamente inviable'.

Entre los motivos por los que consideran inaplicable la medida señalan que 'puede ser inconstitucional' que el Gobierno niegue la prestación por desempleo a un prejubilado que es despedido, ya que tanto el trabajador como la empresa han cotizado a la Seguridad Social en previsión de esta situación.

La figura legal del prejubilado no existe, y este es otro de los obstáculos que encuentran los expertos a la propuesta del PP. La ley no especifica cómo debe hacerse una prejubilación y, por tanto, las empresas empiezan por despedir al trabajador y luego éste pacta con la empresa y con la Seguridad Social sus condiciones de permanencia en el sistema hasta que se jubila.

Esta situación hace, en principio, imposible que el Gobierno niegue la prestación al prejubilado u obligue a la empresa a costearlo. Para ello sería necesario, según las fuentes consultadas, una reforma total de la ley que regula la protección por desempleo y el Gobierno no contaría con el apoyo ni de los empresarios ni de los sindicatos para ello.

Trabajar hasta los 70 para cobrar más

Los pensionistas fueron ayer el blanco de las promesas del PP. En la misma linea que las medidas anunciadas para desincentivar las prejubilaciones, el PP anunció ayer que si gana las elecciones aumentará del 2% actual al 4% el aumento de la base de cálculo de la pensión por cada año que se siga trabajando más allá de los 65 años. Esta propuesta mantendrá un tope de cinco años, hasta los 70. En la actualidad los trabajadores que permanecen en activo hasta esa edad ven aumentar su base de cálculo (sobre la que se determina la cuantía de la pensión) hasta un 10%, que se elevaría hasta un 20%.

En un ejemplo práctico, una pensión de jubilación a los 65 años de 1.028 euros al mes se elevaría a los 70 años a 1.430 euros, lo que supondría una ganancia del 39%. Mariano Rajoy, anunció ayer que subirá la base reguladora de la pensión de viudedad del 52% al 55% y la de las pensiones de orfandad del 20% al 25%. Prometió aumentar el fondo de reserva de las pensiones de 15.000 millones de euros a 24.000 y con la nueva reforma del IRPF otro medio millón de pensionistas dejará de declarar a Hacienda.