Autonomías en revisión
El ruido electoral esconde uno de los principales retos que aguarda al próximo Gobierno: alcanzar un acuerdo definitivo sobre la vertebración territorial del Estado que se apoye en bases políticas y económicas firmes y estables. PP y PSOE parten para ello de criterios dispares.
Los dos grandes partidos son conscientes de que la legislatura entrante va a estar marcada por la aspiración de buena parte de las comunidades autónomas, incluidas las ocho que gobierna el PP, a modificar sus respectivos estatutos para ganar competencias y adecuarlas al último modelo de financiación, pactado en 2001. Más allá de las ambiciones de mayor autogobierno que encabezan el País Vasco y Cataluña, el melón autonómico va a abrirse de nuevo en un momento en el que políticos, académicos, economistas e intelectuales alertan de la necesidad de salvar la equidad en los servicios públicos que se prestan en los distintos territorios y también en las prestaciones básicas que recibe el ciudadano. PP y PSOE son conscientes también de que cualquier avance para cerrar este melón debe pasar por un gran acuerdo político que sólo puede retrasarse si las tensiones en el País Vasco, sobre todo, y Cataluña se disparan.
¿Debe implicar el logro de un mayor autogobierno una nueva reforma, y va para la quinta, del sistema de financiación autonómica? CEOE prefiere no opinar al respecto, mientras que las consideraciones de las dos principales fuerzas políticas difieren en lo sustancial. En los últimos 23 años se han aplicado cuatro modelos diferentes de financiación, los dos primeros para los quinquenios 1987/1991 y 1992/1996, bajo gobierno socialista, y los dos segundos bajo mandato popular, el último pactado hace tres años y al que el actual Gobierno quiere dar carácter permanente. Si el PSOE ganara las elecciones del domingo, no sería, en ningún modo, un sistema cerrado.
Los fallos del actual sistema que los socialistas prometen corregir han sido perfectamente identificados en la campaña electoral. Con las reglas de juego actuales, las comunidades han visto incrementadas sus obligaciones financieras y, en ocasiones, han sufrido la reducción proporcional de los ingresos. Esta circunstancia ha derivado en una asimetría en la autonomía financiera porque, mientras que comunidades como Madrid y Baleares pasan del 100%, otras, como Extremadura, no llegan al 40%. La responsabilidad fiscal plantea también problemas. De los 15 impuestos cedidos, las comunidades sólo tienen competencias normativas parciales sobre IRPF, patrimonio, transmisiones, sucesiones, la tasa fiscal sobre juego, matriculación de vehículos y ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Además, el PSOE coincide con los grupos nacionalistas con representación parlamentaria en la necesidad de trasladar competencias a las comunidades para que resuelvan las reclamaciones económico-administrativas relacionadas con los impuestos en los que tienen asumidas el 100% de las competencias de gestión e, incluso, de recaudación.
La reforma de la financiación sanitaria es obligada si se tiene en cuenta, entre otras circunstancias, el impacto de la inmigración
Las quejas de las seis comunidades gobernadas por el PSOE alcanzan también al retraso con el que el Gobierno suele actualizar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el Fondo de Suficiencia, mecanismos pensados para garantizar una cierta solidaridad en el reparto de los recursos y para cubrir las diferencias entre las necesidades financieras de cada territorio y los ingresos tributarios que el Estado les atribuye con periodicidad anual.
Es un hecho contrastado que el PP ha dejado caer la dotación del FCI en los Presupuestos Generales del Estado, como lo demuestra que la base de cálculo haya pasado del 50% de la inversión civil real nueva en las cuentas de 1997 al 35% en las de 2004, límite mínimo establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este fondo funciona de forma eficaz para el PP y, sin embargo, para el PSOE no permite la reducción de las diferencias de renta y riqueza entre las distintas comunidades.
Valiéndose de la mayoría absoluta, el Gobierno ha modificado o aplicado leyes como las del Menor, la de Universidades o la de Calidad de la Enseñanza sin prever la compensación financiera equivalente para que las comunidades puedan asumir sus nuevas obligaciones. Las competencias sanitarias son otro foco añadido de problemas, pues la aceptación de los traspasos en las condiciones en las que fueron ofrecidos hace dos años a las últimas comunidades que estaban pendientes de asumirlos ha supuesto, según los expertos, más una justificación para el Gobierno a la hora de ceder un amplio panel de tributos que una forma de contribuir a la mejora de la gestión sanitaria. Este es otro de los melones que serán abiertos en la nueva legislatura, según fuentes del PP y del PSOE, teniendo en cuenta que, además de un problema de dinero, hay una necesidad acuciante de coordinación en la gestión.
Un alto dirigente del PP comenta que la forma en la que se están viendo desbordados los servicios de urgencia de los hospitales públicos por el uso que hace de ellos la población inmigrante puede llegar a generar una auténtica bomba de relojería que alumbre actitudes xenófobas. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha puesto el dedo en la llaga, sin ir demasiado lejos para no distorsionar la campaña electoral.
'No es necesaria más corresponsabilidad fiscal'
El PP considera que las comunidades autónomas disponen ya del marco apropiado para desarrollar todas sus competencias y que es prematuro modificar el sistema de financiación, mantiene la diputada Fátima Báñez.P ¿Sobre qué base el PP estaría dispuesto a debatir la reforma del actual modelo de financiación autonómica?R Aún no se ha efectuado la primera liquidación del actual sistema de financiación que está en vigor desde el año 2002, por lo que es apresurado entrar en un debate sobre el mismo. Por otro lado, el actual sistema nació con el acuerdo unánime entre todas las CC AA y con vocación de permanencia.P ¿Qué tipo de incentivos pueden establecerse para aumentar la corresponsabilidad fiscal?R El actual sistema de financiación proporciona a las comunidades el mayor grado de corresponsabilidad fiscal que han tenido nunca. Tanto porque tiene a su cargo todos los gastos descentralizables y pueden decidir sobre ellos como porque se han incrementado notablemente los impuestos cedidos y las competencias normativas. Andalucía, por ejemplo, obtiene más del 50% de sus recursos a través de fuentes tributarias. Todas las comunidades tienen amplia capacidad normativa sobre los distintos tributos. No parece, pues, necesario ampliar la corresponsabilidad de las CC AA para que hagan uso de ésta.P ¿Puede tener recorrido la descentralización de la Agencia Tributaria?R En la actualidad, una Agencia Tributaria única garantiza un tratamiento homogéneo y más equitativo para todo el conjunto de los contribuyentes, ya que se prestan y se ofrecen los mismos servicios de atención y ayuda para todos. Además, en la actualidad, la Agencia Tributaria también garantiza la participación, colaboración y coordinación de las comunidades. Esta participación se realiza al máximo nivel mediante el Consejo Superior de Dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del que forman parte representantes autonómicos designados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las distintas comunidades. Así, las comunidades participan, como ya han hecho en los ejercicios 2003 y 2004, de la planificación de la Agencia.
Andalucía se enreda con las deudas pendientes
La precampaña y la campaña de las elecciones andaluzas del 14 de marzo se han visto marcadas por un nuevo capítulo de la polémica financiación pendiente que la Junta le reclama al Gobierno. Antes de que se acercara la fecha electoral, este combate, que se ha convertido en emblema de la confrontación abierta entre ambas Administraciones, se caracterizaba por la incapacidad de alcanzar un acuerdo sobre la liquidación derivada del rechazo andaluz al sistema de financiación 1997-2001. La Junta había interpuesto 22 recursos ante los tribunales y jugaba con la ventaja de que una parte de su reclamación de deuda había sido avalada por la Audiencia Nacional.Pero el olor de las urnas ha avivado el enfrentamiento. En la precampaña, la presidenta del PP andaluz y candidata a la Junta, Teófila Martínez, compareció acompañada de los ministros Javier Arenas y Cristóbal Montoro asegurando que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno según el cual se abonaría a la comunidad 2.500 millones de euros como liquidación de la deuda si ella alcanzaba la presidencia andaluza. El PSOE andaluz y Chaves pusieron el acento en que se estaba chantajeando a los andaluces y en que por primera vez el PP admitía que tenía una deuda con Andalucía. Y contraatacaron con una jugada que ha mortificado al PP: la Junta renunciaba a la mitad de su reclamación y aceptaba la oferta de 2.500 millones a cambio de que el pacto se sustanciara antes de las elecciones. El Gobierno y el PP han rechazado el órdago y el propio Montoro ha llegado a negar el acuerdo sobre los 2.500 millones que anunció Teófila. El resto de fuerzas andaluzas (IU, Partido Andalucista, el PSA de Pedro Pacheco y el Foro Andaluz de Manuel Pimentel) piden a la Junta que no renuncie a nada y critican que tanto PP como PSOE hagan electoralismo y 'mercadeen' con la financiación pendiente de cobro.El PP andaluz ha prometido que el Gobierno pagará 2.500 millones a la región si gana las elecciones. Fue la bomba de la precampaña
La Torre de Babel. La clave es superar el sectarismo
1 Faltan observatorios desde donde vigilar la evolución de la equidad en la prestación de servicios básicos en las distintas autonomías, única forma de amortiguar la progresiva dualidad que se percibe no sólo en niveles de renta, sino también en sanidad, educación y pensiones. El Senado podría ser un buen observatorio.2 El Consejo de Política Fiscal precisa de una reforma que evite el diálogo de sordos que se ha venido produciendo entre las comunidades autónomas gobernadas por fuerzas políticas de distinto signo. Subsiste la queja de que el Gobierno lleva a sus reuniones todo previamente cocinado con un marcado talante partidista.3 La financiación de la sanidad precisa de una revisión urgente ante el colapso que ya se percibe en algunas autonomías, principalmente las más afectadas por la llegada estable de inmigrantes. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a algunas autonomías hacer frente a sus obligaciones en este campo. El gasto sanitario representa el 8% del PIB.4 Las comunidades echan en falta acuerdos para evitar decisiones unilaterales del Gobierno que menoscaban su potencia recaudadora.
'La financiación no puede estar anclada en un Estado centralista'
El PSOE defiende la plena autonomía de los distintos territorios para fijar su política tributaria en los impuestos cedidos y para apurar las vías destinadas a aumentar sus recursos, sostiene el diputado Juan Fernando López Aguilar.P ¿Cómo piensan incentivar la utilización por las comunidades de la capacidad normativa sobre los distintos impuestos?R La autonomía que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas es una autonomía política de gestión de los asuntos propios que conlleva, por tanto, una autonomía en la obtención de recursos y en la asignación de prioridades. El sistema de financiación no puede estar anclado en un Estado centralista. Debe ponerse en consonancia con su estructura política y administrativa, fuertemente descentralizada y disponer de autonomía tanto en los ingresos como en los gastos.P ¿A través de qué vías se pueden aumentar los recursos de las comunidades autónomas?R El sistema de financiación que proponemos incluye la afirmación progresiva del espacio fiscal propio, que es correlativo al disfrute de la autonomía política en su vertiente de ingresos. Las competencias deberán ejercerse en coordinación con la Hacienda estatal y del resto de las CC AA. También defendemos el principio de armonización fiscal y lucha contra el fraude. Otra fuente de recursos financieros podrá conformarse compartiendo el rendimiento de determinados tributos de titularidad del Gobierno central. Prevemos también un fondo de garantía que asegure que los servicios traspasados se puedan prestar en todos los territorios a un mismo nivel. El sistema se actualizará anualmente y se revisará cada cinco años.