CC OO planta cara a Rato por el 'derecho de veto' en las cuotas
CC OO, en una decisión sin precedentes, ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional el decreto sobre las cuotas participativas (similares a las acciones) de las cajas. Como UGT y algunas entidades, cree que otorga de facto derechos políticos a los inversores, lo que iría contra la propia ley.
Tras un largo trámite en el Ministerio de Economía que dirige Rodrigo Rato, el decreto que regula las cuotas participativas (similares a las acciones pero sin derecho de voto) entró en vigor el jueves. Tras conocer el texto final, CC OO ha decidido cumplir su aviso y presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en breve.
Considera que, aunque la norma dice claramente que los titulares de estas cuotas no tendrán derechos políticos, de facto se los concede al otorgarles un 'derecho de veto'. Así, el decreto establece que los sindicatos de cuotapartícipes (si la caja permite que los inversores se agrupen bajo esta figura) tendrán que dar su visto bueno para que la entidad suprima el derecho de suscripción preferente de los inversores en nuevas emisiones y para decidir amortizaciones anticipadas de cuotas.
A esto se une que los cuotapartícipes pueden requerir a la caja cualquier informe adicional, lo que rozaría las atribuciones del consejo. 'Es inadmisible', a juicio de María Jesús Paredes, secretaria general de la federación de servicios financieros de CC OO, Comfia, quien apunta el riesgo de que este sindicato de cuotapartícipes pueda 'llegar a maniatar' la capacidad de decisión de la asamblea, máximo órgano de poder en las cajas. El principal argumento jurídico de CC OO es que un decreto que desarrolla una norma superior (la Ley Financiera) no puede contradecirla, y en este caso lo hace.
UGT, que también rechaza el texto final de la normativa, está sopesando unirse al recurso que planteará CC OO.
Algunas cajas están igualmente molestas con los derechos que se otorga a los cuotapartícipes, según fuentes sindicales y del sector. En general, todas son reticentes a sacarlas al mercado. El presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, ya lo descartó hace días por las 'interrogantes'. Y planteó otra al apuntar que 'nos dicen que no tendrán derechos políticos', pese a que sí poseen de información y de participación en beneficios.
El temor a una privatización encubierta
UGT se muestra claramente beligerante contra la norma de las cuotas. 'Nos parece que el PP ha puesto la primera piedra para la privatización de las cajas', señala Félix Fernández, responsable del sector de ahorro en UGT. CC OO no va tan lejos, aunque sí señala que el carácter jurídico especial de las cajas puede verse perjudicado si no se respeta la Ley Financiera, que no otorgaba derechos políticos a los titulares de estas acciones.Las cajas, sin embargo, oficialmente se muestran satisfechas con la normativa. Les da la seguridad de que un inversor no pueda tener un 5%. Pero oficiosamente ponen sobre la mesa su temor sobre cómo se desarrollará la futura entrada de accionistas no deseados, como los bancos.