El auto de la Audiencia confirma que las jubilaciones del SCH podrían ser delictivas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado hoy en un auto la decisión de la juez Teresa Palacios de continuar el procedimiento contra el presidente del SCH, Emilio Botín, el ex copresidente de la entidad, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Angel Corcóstegui por las indemnizaciones cobradas tras su jubilación por los dos últimos. La Sala coincide con la instructora en que los hechos denunciados son indiciariamente delictivos.
En un auto de cinco páginas notificado hoy a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica la decisión de la juez Teresa Palacios y que da vía libre a enjuiciar a Emilio Botín y a la ex cúpula del SCH por el cobro de . El documento califica la causa de "sumamente compleja" y afirma que los hechos denunciados podrían encajarse en los delitos cuya tramitación se prevé mediante el procedimiento abreviado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "por entender que dichas disposiciones económicas realizadas en los mencionados contratos por los denunciados, que eran administradores de la entidad, podrían vulnerar la lealtad exigida a los mismos por el artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas o suponer remuneraciones extra-estatutarias, ilícitas o apropiaciones indebidas".
Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía y de las defensas, el tribunal rechaza que las actuaciones sean sobreseídas y confirma los pronunciamientos del auto de tansformación en procedimiento abreviado dictado el pasado 16 de octubre por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, a los que se refiere como "totalmente ajustados a derecho".
La Sección Cuarta, que integran los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, Félix Alonso Guevara Marcos y Carlos Ollero Butler, insiste en que la naturaleza del recurso de apelación "es eminentemente procesal y no sustantiva", por lo que la decisión de la juez Palacios "es totalmente correcta en cuanto impulsora del procedimiento". Señala también que, pese a ser muy complejo, el proceso "no debe archivarse o mantenerse unas diligencias penales indefinidamente en instrucción para el esclarecimiento" de los hechos, cuando a juicio del instructor las mismas deban terminarse o continuarse por el procedimiento abreviado.
Escrito de acusación
La juez Palacios emplazará a las partes desde hoy mismo para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el archivo de la causa, sin perjuicio de también puedan pedir la práctica de diligencias complementarias. En su auto del mes de octubre, la juez instructora señalaba que los contratos firmados por Amusátegui y Corcóstegui relativos a su jubilación del SCH podrían haber "burlado" las disposiciones estatutarias que regulan la retribución de consejeros de administraciones anónimas, una presunción que confirma ahora la Sala.
Durante la vista de apelación, tanto el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Caballero como las defensas de los tres imputados pidieron el sobreseimiento libre de las actuaciones al no apreciar que la firma de los citados contratos suponga un acto de disposición fraudulenta de los bienens del SCH y no encontrar tampoco indicios de abuso de funciones en la actuación de los imputados. Los abogados de la acusación particular pidieron, por su parte, que la causa siguiera su tramitación al considerar que existen suficientes indicios de delito societario y de apropiación indebida.
Este procedimiento se inició a raíz de la querella presentada en octubre de 2002 contra Botín y Amusátegui por el abogado Juan Francisco Franco Otegui, como accionista minoritario del SCH. En ella se les acusaba de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui su salida de la presidencia del banco. En marzo de 2003, teresa Palacios sumó otra denuncia formulada ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se acusaba al propio Botín y al ex vicepresidente Coscóstegui de otro delito societario, consistente en que este último habría percibido 108 millones en concepto de jubilación.
La entidad compra PTF, primera financiera polaca de vehículos
En otro orden de cosas, Santander Consumer Finance ha adquirido la mayor financiera polaca de vehículos, Polskie Towarzystwo Finansowe SA (PTF), por 33 millones de euros y la cartera de préstamos no hipotecarios de esta compañía que gestionaba el Banco Millenim. Para llevar a su balance esa cartera de créditos, el Santander ha abonado al Banco Millenim 469 millones de euros, aunque el coste real de la operación no ha sido desvelado por la entidad y será el equivalente a restar de esta cifra el valor de los créditos que pasará a gestionar el Santander. En conjunto, la compra del broker de financiación de automóviles y la adquisición de la cartera crediticia no hipotecaria le supondrá al Santander un coste de capital de 64 millones, según indicó el director general del grupo Santander y consejero delegado de esta filial de financiación al consumo, Juan Rodríguez Inciarte. El objetivo de Santander Consumer Finance es fusionar esta compañía con su filial CC-Bank Polonia, con lo que alcanzará una cuota combinada en financiación de coches en el país del 11,5%, según datos de cierre de 2003. Inciarte enmarcó esta operación dentro de la estrategia del Santander Consumer Finance y del Grupo Santander de "ser líderes en los mercados en los que va", y justificó su apuesta en el potencial de crecimiento que ofrece este nicho de negocio en una economía como la polaca. El también consejero delegado del Santander Consumer Finance indicó que esta filial sí está abierta a realizar nuevas compras en Europa.