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Juicio

El fiscal cuantifica en 40,3 millones el fraude que sufrió Caja Granada

Casi 10 años después, fruto de un retraso judicial que las partes no se explican, llega el desenlace del polémico fraude que sufrió Caja Granada en 1995. El fiscal cuantifica en 40,26 millones de euros el quebranto que provocó un ex empleado con operaciones fraudulentas de divisas. Las partes esperan que ahora se abra juicio oral.

El imputado, Ramón Bravo, director del departamento internacional de La General de Granada en Madrid, realizó numerosas operaciones irregulares y de alto riesgo con futuros sobre moneda extranjera, concretamente con un producto financiero denominado 'colateral de divisas' entre 1992 y 1995. Así lo considera el fiscal en la providencia enviada al Juzgado número 10 de Madrid que instruye desde 1995 el caso del fraude. La fiscalía ve delito continuado de estafa y de falsedad documental.

Las partes personadas, que no se explican las razones del retraso de casi una década en la resolución del caso, recibieron hace unas dos semanas la comunicación. La caja granadina, al igual que la federación de servicios financieros de CC OO-Comfia, esperan que ahora se abra juicio oral.

El ex empleado no respetó las recomendaciones que hizo la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) a la entidad sobre el alto riesgo de las operaciones en el mercado de divisas. Lejos de acatarlas, llegó a pedir un préstamo en nombre de la General de Granada (hoy Caja Granada) a la CECA sin el conocimiento de la entidad, según la fiscalía.

El ex empleado acusado usó nombres falsos para cobrar los beneficios de operaciones con divisas

Bravo hizo operaciones fallidas por 29,95 millones y, según el informe pericial, causó a la caja un perjuicio de 40,26 millones de euros (6.698 millones de pesetas de la época). Paralelamente, 'el imputado ideó y ejecutó un plan en su propio beneficio', según la providencia. Utilizaba para la operativa nombres de clientes 'ficticios'. Luego cobraba los beneficios logrados a través de cuentas internas de la Caja de Granada a veces en metálico y, en otras ocasiones, mediante cheques que giraba 'a favor de personas inexistentes'. Este dinero iba a parar a alguna de las diversas cuentas que abrió primero a su nombre y luego al de su mujer en el banco privado Guyerzeller Bank de Zurich, ahora controlado por el británico HSBC.

Ahora queda pendiente que el juez dicte juicio oral, un trámite que la caja lleva años esperando. Aún no ha recibido cantidad alguna en concepto de indemnización por el perjuicio causado por el ex ejecutivo. La entidad tuvo que presentar un plan al Banco de España para absorber las pérdidas del fraude en 1995 y hacer abultadas dotaciones, pero no llegó a perjudicar la marcha de la caja. El presidente en aquel momento, Julio Rodríguez, ya manifestó que desconocía la operativa.

En su momento, el caso fue un sonoro escándalo y su impacto mediático y judicial alcanzó tal magnitud que el juez encargado de la instrucción decretó la prisión incondicional inmediata de Ramón Bravo por temor a que se diera a la fuga. El imputado entró en la cárcel de Carabanchel el 6 de junio de 1995. Fuentes de las partes personadas en el caso afirman haberle perdido la pista pero apuntan que el fiscal ya pidió una pena inferior a los nueve años que han pasado.

Escándalo. Un proceso de 9 años

El acusado de estafa y falsedad, Ramón Bravo, se entregó voluntariamente al juez el 6 de junio de 1995.Confesó en su declaración al magistrado que falsificó documentos para las operaciones fraudulentas.Donó a la Federación de Baloncesto de Madrid 60.100 euros en nombre de un mecenas anónimo, según declaró el tesorero de la asociación en 1995.

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