Santos Pastor

'Las inversiones disminuyen si hay inseguridad jurídica'

La relación entre la justicia y el mundo empresarial ha sido una constante en la vida profesional de este catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Pastor es doctor en Economía y en Derecho

Aunar esfuerzos de investigadores y estudiosos del sistema judicial para conocer las consecuencias que la justicia tiene para el funcionamiento de la empresa. Ese es el principal objetivo del Observatorio Justicia y Empresa, creado por el Colegio Jurídico del Instituto de Empresa y el Centro de Investigaciones en Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige el catedrático de Economía Aplicada Santos Pastor.

Pregunta ¿Hay falta de conocimiento en España sobre el funcionamiento real de la justicia?

Respuesta Hasta ahora ha habido contribuciones ocasionales y dispersas acerca del funcionamiento de la justicia, pero quienes hemos impulsado el Observatorio Justicia y Empresa creemos que hay una demanda social grande de conocimiento y de asesoramiento. Vamos a investigar las disfunciones de la justicia y en qué medida éstas perjudican a las empresas.

P. ¿Cómo afecta el buen o mal funcionamiento de la justicia a las empresas?

R. La justicia es importante para toda la sociedad, pero que funcione mal es especialmente perjudicial para las empresas, porque les impone costes muy gravosos. Está comprobado que las inversiones en un país disminuyen cuando hay inseguridad jurídica. En España tenemos algunos problemas con la justicia. Es lenta, costosa, poco eficaz y con graves ineficiencias. Y eso afecta a todos los ciudadanos y a las empresas de modo singular.

P. ¿Cree entonces que la buena marcha económica está relacionada con eliminar las disfunciones de la justicia?

R. En el observatorio estamos convencidos. Es una cuestión que más que ideológica es empírica. En economía hay varias corrientes de pensamiento que han hecho mucho hincapié en el hecho de que disponer de buenas instituciones es un factor crucial del crecimiento económico. Sociedades que tienen una justicia que sea previsible, eficaz, ágil... Eso constituye una ventaja competitiva y se localizan bastantes más inversiones en esos lugares.

P. ¿Pero podría evitarse que algunas empresas se marcharan de España para ahorrar costes sólo con mejorar la justicia?

R. Seguramente no sería suficiente para retener a estas empresas, pero sí sería un factor más. Si España contase con un sistema judicial y jurídico mejor, las empresas reducirían sus costes de transacción y aumentarían las inversiones. Lo que ocurre es que países como la República Checa o Eslovaquia, por ejemplo, antes eran países muy inseguros, pero ahora han mejorado, han invertido en reformas institucionales. No tienen sistemas jurídicos tan buenos como los nuestros, pero han avanzado. Así que ellos resultan cada vez más atractivos en términos relativos que nosotros. Pero, si nosotros mejoramos las reglas y el funcionamiento de la justicia, aún podemos reducir mucho los costes de transacción.

P. ¿No sería más lógico que la propia justicia analizase y tratase de solucionar sus problemas sin que tengan que intervenir instituciones externas?

R. Pues sí. Pero lo hacen poco, porque además la justicia está muy poco modernizada especialmente desde el punto de vista organizativo. Nadie se espanta, por ejemplo, de que al frente del Ministerio de Sanidad haya economistas o que un hospital lo dirija un gestor y no un médico. En justicia hay mucho jurista y muy poco técnico. El Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo de pésimo diseño. Habría que reducir su estructura al mínimo y apoyarse en grupos de expertos.

'Las tasas judiciales deberían extenderse'

Santos Pastor está convencido de que queda mucho que hacer para mejorar la justicia. También dice ser consciente de que las cosas cuestan dinero. 'Modernizar los juzgados no es sólo instalar ordenadores', opina. Por eso se muestra a favor de las tasas judiciales.

Usted es partidario de que las empresas paguen por la justicia que utilizan?

Creo que es bueno que se hayan incorporado tasas judiciales. Está bien que las personas que disponen de medios contribuyan a soportar el servicio que reciben. Muchos países financian con las tasas gran parte de la justicia. Eso es bueno, pero yo iría a más. No hay razón para que sólo las empresas paguen, sino que lo hagan todos los usuarios de la justicia que no carezcan de medios.

Y hablando de dinero, con qué fondos van a financiar los estudios?

Hay una necesidad social de detectar y proponer soluciones a los problemas de la justicia y nosotros tenemos un capital humano. Pero al final siempre necesitas financiación. Tenemos que buscarla en subvenciones de la UE y en empresas que se beneficiarán del mejor funcionamiento de la justicia. De momento, contamos con la colaboración de El Corte Inglés y de algunos bufetes como Ernst & Young, Clifford Chance, Landwell, Uría & Menéndez, Gómez Acebo & Pombo, Garrigues, Cuatrecasas, Baker & McKenzie y KPMG.