Sólo Cataluña dispone de autoridades de Competencia propias
Después de que el Tribunal Constitucional confirmara que las comunidades autónomas tienen potestad para crear sus propios organismos de defensa de la competencia, en mayo de 2002 se aprobó la ley que otorgaba plenos poderes a las regiones para crear o bien sólo un servicio, a imagen y semejanza del que funciona en el ámbito estatal dependiente del Ministerio de Economía o bien un servicio y un tribunal autonómico, como ha sido el caso de Cataluña.
Los órganos de defensa de la competencia de la Generalitat fueron creados por decreto en agosto de 2002, aunque la Dirección General de Defensa de la Competencia, encargada de instruir los expedientes no comenzó sus trabajos hasta el 1 de diciembre de 2002. Desde entonces hasta la actualidad se han presentado 25 denuncias y se han llevado a cabo dos actuaciones de oficio.
Así, de los 27 expedientes en curso, 6 se encuentran archivados, de los que una resolución de archivo ha sido recurrida al Tribunal catalán de Defensa de la Competencia.
Aún no ha habido choque alguno con la autoridad central de competencia
Cuatro expedientes han finalizado su instrucción y han sido remitidos al tribunal, dos más están en fase de instrucción en la actualidad y el resto, otros 15, se encuentran en fase de información reservada previa a su instrucción o archivo.
Sectores con denuncias
Según explican fuentes de la dirección general, los sectores de los cuales se han recibido denuncias son algunos de los ya reiteradamente denunciados y sancionados a nivel estatal, como son el eléctrico, las autoescuelas, las funerarias o los colegios profesionales. Asimismo existen también denuncias procedentes del sector servicios y del comercial.
El presidente del Tribunal catalán de Defensa de la Competencia, Lluís Franco, asegura que según los estudios que se realizaron previos a la creación del tribunal, en los años 1999, 2000 y 2001 se habían recibido una media de 7,3 casos para instruir cada año, por lo que la cifra de 25 supone multiplicar por más de tres el número de expedientes.
'Este aumento es lógico, puesto que el acercamiento de las instituciones al ciudadano siempre provoca un aumento de la demanda de este tipo de servicios', explica Lluís Franco.
En cuanto a cómo son las relaciones entre este tribunal y el estatal, el presidente de la institución catalana no tiene dudas.
'Frente a ciertos temores que hubo al principio, tengo que decir que el clima de colaboración es excelente no sólo por la lealtad institucional, sino por las personas'.
Las autonomías más interesadas
Madrid, con servicio en marchaEsta región es, después de Cataluña, la que tiene más avanzados los trabajos para la puesta en marcha de estos organismos. De hecho, el Servicio de Defensa de la Competencia está ya creado y en fase de formación del personal, según fuentes de la Consejería de Economía. Está prevista la creación del tribunal a lo largo de la recientemente estrenada nueva legislatura.Galicia: la ley a punto de llegar al CESComo en los casos de Euskadi y Murcia, el Ejecutivo gallego ultima el texto del anteproyecto de ley que regulará la creación de ambos organismos para ser remitido al Consejo Económico y Social (CES) de la región y que éste emita el correspondiente dictamen. De cumplirse el calendario, durante el primer trimestre del año podría llevarse a cabo su aprobación definitiva.Euskadi y Murcia esperan el decretoEl Gobierno vasco también tiene bastante avanzado el proyecto por el que prevé crear un servicio propio de Defensa de la Competencia, y con casi total seguridad, un tribunal. Murcia, sin embargo, sólo contempla la puesta en marcha del servicio, por lo que los expedientes serán trasladados al tribunal estatal. Ambas autonomías publicarán sendos decretos este trimestre. Andalucía, sine díe, y Canarias, este añoLa comunidad canaria confía en terminar los estudios que está llevando a cabo y tener listo su servicio en el segundo semestre del año. Con él prevé velar por la transparencia de los mercados, los precios y evitar los pactos colusorios. Por último, la séptima región interesada por el proyecto, Andalucía, no podrá desarrollarlo hasta su próxima legislatura, a partir de marzo.