El Tribunal de la UE condena a España por obstruir el desarrollo de las 'telecos'
El largo conflicto que ha enfrentado durante más de cinco años al Gobierno español con Telefónica y la Comisión Europea ha llegado a su fin. Y lo ha hecho de la peor manera para el Ejecutivo nacional, que resulta culpable de todos los cargos.
El Tribunal de Justicia de la UE ha hecho suyas las alegaciones de la Comisión Europea y de la denuncia interpuesta por Telefónica en 1998. España retrasó hasta 2003 el reequilibrio de las tarifas, algo que debería haber hecho cinco años antes, según las normas comunitarias. La conducta del Gobierno tuvo una doble repercusión, según el tribunal, porque afectó de forma negativa a las finanzas de Telefónica e impidió el correcto desarrollo de la competencia en el momento más delicado de la liberalización.
El conflicto que ayer sentenció el más alto tribunal europeo tiene su origen en la apertura del mercado de telefonía fija desde una situación de monopolio. Telefónica, como única operadora del mercado, mantuvo durante años unos precios de abono mensual y llamadas locales artificialmente bajos, que en parte eran compensados por las tarifas de larga distancia. Esta asimetría no fue exclusiva de España. Otros países actuaron con la misma política y por eso la Unión Europea puso condiciones para la liberalización del servicio. Una de ellas, casi la más importante, obligaba a reajustar los precios para eliminar los desequilibrios y no entorpecer la competencia.
El conflicto se inició en 1998 por la ausencia de reequilibrio tarifario
España, sin embargo, abrió el mercado con los precios desajustados, lo que motivó la intervención de la CE. A este movimiento se unió en seguida Telefónica, con una denuncia contra el Gobierno de su país. Las dos actuaciones tenían un mismo objetivo -forzar una subida de la cuota de abono-, aunque Bruselas lo hacía motivada por el correcto desarrollo de la competencia y Telefónica velaba por sus cuentas.
El precio de las redes
Ninguno de los movimientos surtió efecto. El Gobierno español rebatió los argumentos de la Comisión Europea y se negó a elevar la cuota de abono, aunque reconoció un perjuicio para Telefónica en 1999 de 173.449 millones de pesetas (equivalentes a 1.042,45 millones de euros). Esta cifra corresponde al denominado déficit de acceso, el coste que supone para el ex monopolio mantener las infraestructuras y que no está compensado por lo que pagan cada mes los abonados.
Pero además del perjuicio financiero para Telefónica hay una repercusión en el mercado de telefonía fija. Los nuevos operadores tuvieron que competir durante años contra unas tarifas del ex monopolio que no estaban basadas en costes y que, por lo tanto, no eran replicables de una forma financieramente sostenible.
Todo pareció cambiar en abril de 2001. El Gobierno modificó el régimen de precios de Telefónica y autorizó subidas escalonadas de la cuota de abono hasta 2003 para cerrar el desequilibrio. El ex monopolio retiró su denuncia ante la UE y en Bruselas se hizo el silencio. Pero fue por poco tiempo. Otra vez la Comisión Europea consideró incorrecta la actuación española, porque por mucho que se fueran a ajustar las tarifas iba a hacerse con cinco años de retraso. El Gobierno se mantuvo firme y no aceleró las subidas de precios previstos. Bruselas tampoco se amilanó y mandó el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Ayer se supo la conclusión: 'Tanto el desequilibrio tarifario como el consiguiente entorpecimiento del desarrollo de la competencia son imputables a las autoridades españolas', sentencia el tribunal. La condena, sin embargo, tiene más valor moral que práctico. España tendrá que pagar las costas del juicio, pero no ha sido multada.
La pelota está ahora en manos de Telefónica, que 'puede, desde el punto de vista legal y jurídico, reclamar una indemnización', explican fuentes de la compañía. Pero el ex monopolio ha descartado por el momento esta posibilidad. 'La actuación del Gobierno fue lesiva para nuestros intereses -añaden estas fuentes-, pero después se ha hecho un esfuerzo y se ha ido produciendo un reequilibrio tarifario que se completará este año, para el que está autorizada una subida de 0,55 euros de la cuota. La situación, por tanto, se ha superado'.