La deuda de las empresas públicas valencianas supera 3.000 millones
Las empresas y entidades públicas valencianas alcanzaron en 2002 una deuda de 3.011,75 millones, en buena parte avalada por la Generalitat y con dudas más que razonables sobre la capacidad de las empresas para devolver los préstamos, cuando no para pagar simplemente los intereses anuales.
El Síndico de Cuentas, equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas, vuelve a alertar en su informe anual sobre la situación de algunas empresas.
La deuda acumulada hasta diciembre de 2002 es un 34,8% superior a la de un año antes, mientras que las pérdidas del sector público alcanzaron los 358,41 millones, un 4,25% menos. Sólo 5 de las 23 empresas y entes de derecho público registraron beneficios.
Las subvenciones de la Generalitat ascendieron a 196,22 millones, a lo que hay que sumar numerosas aportaciones en forma de ampliaciones de capital y la prestación de avales para la financiación externa.
Aunque parte del sector público tiene su razón de ser y funciona con razonable eficiencia, como es el caso del Instituto de la Vivienda y la empresa de Saneamiento de Aguas Residuales, el síndico advierte sobre la situación de varias empresas que suponen un importante coste para la Generalitat en forma de subvenciones y ampliaciones de capital, pero que, sobre todo, serán una pesada carga para los Gobiernos venideros, al concentrar abultados préstamos con amplios plazos de carencia que se tendrán que devolver en las próximas décadas.
Es el caso de la televisión autonómica, Proyectos Temáticos de la Generalitat Valenciana -impulsora de Terra Mítica, Ciudad de la Luz y el Aeropuerto de Castellón-, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y Ciegsa, que lleva camino de ser la más onerosa para los futuros presupuestos de la Generalitat.
Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat (Ciegsa) fue creada por el Gobierno valenciano en el año 2000 para construir lo antes posible los colegios previstos en el Mapa Escolar sin romper la disciplina del déficit cero, es decir, sacando las inversiones educativas del Presupuesto ordinario de la Generalitat. Dada su naturaleza, la empresa es inviable desde el punto de vista mercantil, ya que no tiene ingresos y todo el coste de los colegios que construye pasa a engrosar su deuda, que a finales de 2002 alcanzaba los 232,23 millones, con el consiguiente incremento de los gastos financieros.
El síndico advierte en su informe que 'debería computarse ya como endeudamiento propio de la Generalitat el que resultare de la ejecución de las inversiones contratadas por Ciegsa, a los efectos de verificar el cumplimiento del límite' de endeudamiento de los Presupuestos, es decir, del déficit cero. 'No hay que olvidar que la institución autonómica ha asumido el compromiso de amortizar la financiación de las inversiones que realice Ciegsa ni que esta empresa actúa como mera mandataria de la Generalitat', añade.
Destituciones en Ciegsa
Buena parte de la deuda de Ciegsa es con proveedores, ya que la empresa paga las obras mediante el llamado método alemán -de una sola vez, al entregar las obras-, pero no en efectivo, sino que lo hace mediante dos pagarés de 180 y 270 días. Esto provoca sobrecostes, ya que las constructoras exigen más precio a cambio de financiar a Ciegsa. El Gobierno valenciano de Francisco Camps destituyó recientemente a parte del equipo gestor de Ciegsa sin explicar las razones, que se pueden adivinar en el informe del síndico. Según este informe, la mayoría de los contratos de obra analizados se adjudicaron por mayor importe que el de licitación, debido a que salían a concurso sin proyecto de ejecución, algo que prohíbe la Ley de Contratos de las Administraciones.
El capítulo referido a Radiotelevisión Valenciana (RTVV) vuelve a ser, en el informe de la Sindicatura de 2002, un compendio de irregularidades en materia de contratación, tanto en la compra de programas como en la contratación de personal y de gestión, con un total de 29 recomendaciones de mejora en prácticamente todos los ámbitos. El síndico se refiere especialmente a la compra de derechos de retransmisiones deportivas, de los que dice que 'deberían estar suficientemente motivados y justificados en los respectivos expedientes, considerando, además de los precios de mercado, los ingresos inducidos por su emisión o la rentabilidad derivada de los mismos'.
El grupo RTVV aumentó en 2002 sus pérdidas un 11,23%, hasta 148,81 millones, mientras su deuda se disparó hasta los 359,74 millones, un 53% más.
Al igual que ocurre con RTVE, la deuda del ente autonómico es difícilmente enjugable -sus ingresos retrocedieron ligeramente en 2002, hasta 59,6 millones- y crece cada año más, con la diferencia respecto a otras empresas públicas de que su gasto no es inversión en infraestructuras. Según advierte el síndico, 'la financiación de los continuos desequilibrios patrimoniales de RTVV y sus sociedades debería ir acompañada de un conjunto de medidas excepcionales de carácter estructural en el marco de un plan de viabilidad a medio y largo plazo, al objeto de paralizar el proceso de deterioro y restablecer su estructura patrimonial y su situación financiera'.
Otra sociedad sobre la que el síndico muestra preocupación es Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la más endeudada, con 805 millones, para la que también pide un plan sobre la viabilidad de cada una de sus unidades de negocio, la mayoría deficitarios, ya que gran parte de esa deuda tendrá que ser asumida por la Generalitat.
El síndico advierte que hacen falta medidas excepcionales para RTVV
Paramount cobró 1,65 millones a cambio de nada
Paramount Pictures, empresa que gestiona Terra Mítica a través de su filial Paramount Parks, percibió el año pasado 1,65 millones de la empresa pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana por 'estar disponible' en exclusiva en la Comunidad Valenciana para prestar trabajos de consultoría que, en su caso, se cobrarían aparte. Los trabajos de consultoría estarían relacionados con otro proyecto de la empresa pública, denominado Ciudad de la Luz, pero no se han encargado.El pago responde a un contrato paralelo al que firmaron Paramount y Terra Mítica -participada en un 20% por Proyectos Temáticos-, que sirvió para convencer a la multinacional estadounidense de que se hiciera cargo del parque temático de Benidorm (Alicante).La Sindicatura de Cuentas ya se pronunció en el informe de 2001 sobre este contrato, firmado en octubre de ese año y vigente hasta 2005, del que dijo que vulnera el Código Civil y la Ley de Contratos de las Administraciones Púbicas, ya que no existe un objeto cierto, no hay equilibrio entre las contraprestaciones, deja el cumplimiento del contrato al arbitrio de una parte y no tiene un precio acorde con el mercado. Además, la empresa de la Generalitat incumplió los principios de publicidad y concurrencia al firmarlo. Pese a ello, el contrato sigue en vigor y Proyectos Temáticos seguirá pagando a Paramount 1,5 millones de dólares anuales por estar disponible.Por otro lado, Proyectos Temáticos ha mejorado las condiciones del préstamo de 48,08 millones que hizo a Terra Mítica, a amortizar de una sola vez en 2008. Dada la difícil situación financiera de Terra Mítica, de la que Parques Temáticos, Bancaja y la CAM tienen un 20% cada uno y son además los principales acreedores, la empresa pública ha convertido su préstamo en participativo, de forma que cobrará intereses adicionales en función de los beneficios del parque y la deuda figurará como fondos propios en caso de disolución. Este préstamo está subordinado a otro de 111,19 millones de euros otorgados a Terra Mítica por un sindicato de bancos.