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Petroleras

Los usuarios piden al juez que impute a 18 directivos de petroleras

El juez instructor del caso de las petroleras, acusadas de supuestos pactos en la fijación del precio de los carburantes, suspendió el pasado 2 de diciembre el inicio de las declaraciones hasta que la acusación -representada por diversas asociaciones de consumidores, usuarios y profesionales- concretara a qué responsables de las entidades investigadas debe imputarse en el procedimiento.

Ayer, las ocho asociaciones que denunciaron la presunta concertación de precios en mayo del año pasado, integradas bajo la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, decidieron solicitar al juez la imputación de los presidentes y consejeros delegados de las 18 empresas acusadas, además del máximo responsable de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP).

Si el juez accede a la petición de las asociaciones de usuarios, tendrán que acudir como imputados ante la Audiencia Nacional los presidentes y consejeros delegados de las siguientes petroleras: Repsol YPF, Cepsa, Agip España, BP España, ERG Petróleos, Esso Española; Galp Energía, Kuwait Petroleum España, Oilinvest España, Saras Energía, Shell España, Total Spain, Petronor, Cepsa Estación de Servicios, CLH, Campsa Red, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y AOP.

La denuncia por parte de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, constituida por agricultores, transportistas, taxistas y colectivos para los que el gasóleo supone una de sus principales herramientas, fue interpuesta después de que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, no concediera a la Fiscalía Anticorrupción autorización para interponer una querella para investigar los hechos.

'Coincidencia de precios'

Posteriormente, a finales de junio de 2002, Cardenal permitió a la Fiscalía Especial personarse en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.

Anticorrupción, entonces dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, había investigado los hechos denunciados durante año y medio. Sus diligencias son rotundas al afirmar que 'la coincidencia de precios sólo puede ser la expresión de un acuerdo al margen y en contra de los mecanismos ordinarios de mercado, con la consiguiente anulación de la competencia'.

Multas de Competencia a Repsol y Cepsa

La decisión, el miércoles, del Ministerio de Economía de solicitar al Servicio de Defensa de la Competencia una investigación de presuntos pactos de precios por parte de las petroleras no es nueva. Ya en 2001, el Tribunal de Defensa de la Competencia multó a Repsol y a Cepsa por imponer precios a sus gasolineras abanderadas, que actuaban como falsos comisionistas. A la primera le sancionó con una multa de tres millones de euros, y a la segunda, de 1,2 millones. El organismo supervisor consideró que la práctica limitaba la competencia efectiva en la distribución al por menor de carburantes. El secretario de Estado de Energía, José Folgado, insinuó el miércoles prácticas monopolísticas por parte de las petroleras.

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