Ley de Arbitraje

Los expertos destacan la vocación internacional de la Ley de Arbitraje

Si yo tuviera algún pleito, acudiría al arbitraje, quizá porque conozco demasiado la justicia'. Así de gráficamente se expresaba ayer el magistrado del Tribunal Supremo Xavier O'Callahan durante su participación en la jornada La reforma del arbitraje en España, organizado por Instituto de Fomento Empresarial, el bufete Uría & Menéndez y Cinco Días que se celebró ayer en Madrid.

O'Callahan reconoce que el arbitraje sigue despertando cierto recelo entre jueces y magistrados 'porque creen que nos quita trabajo, aunque eso no es malo'. De hecho, uno de los principales objetivos de la futura ley, que se tramita con carácter de urgente en estos momentos en el Senado es precisamente ése, descargar de trabajo a los saturados juzgados españoles. Así lo aseguró ayer el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, quien desgranó algunas de las ventajas de una ley que puede entrar en vigor hacia la primavera (lo hará a los tres meses de su publicación en el BOE). 'El propósito de la norma es desjudicializar los conflictos y que muchos ciudadanos puedan de manera más ágil y flexible, sin necesidad de acudir a los tribunales, resolver las diferencias que puedan existir en el ámbito mercantil y económico', explicó Catalá.

Entre las principales novedades que incorporará la norma destaca la potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares, uno de los puntos más valorados por los expertos, que consideran que con esta medida se dotará al arbitraje de la máxima agilidad.

La fórmula permite un mayor nivel de especialización y de dedicación frente a los tribunales ordinarios

Otro aspecto que incidirá en la rapidez de los procedimientos son los laudos parciales. Se permitirá así que, por ejemplo, se decida primero acerca de si existe responsabilidad del demandado y después se establecerá la cuantía de la condena. Entre las novedades también se encuentra la posibilidad no sólo de que el laudo conste por escrito en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino también que no conste de forma escrita siempre que en todo caso quede constancia de su contenido y sea accesible para su posterior consulta. También es importante la supresión de la obligación de protocolizar notarialmente los laudos, algo que no existe prácticamente en ninguna legislación.

Los expertos destacan además como una importante ventaja del arbitraje sobre la vía judicial el que los procedimientos tengan una duración previamente establecida, el mayor nivel de especialización y el que se favorezca un mejor análisis de las pruebas por parte del árbitro, 'quien puede dedicarle más tiempo al asunto que el que puede dedicársele en los Tribunales', según Catalá. Pero la gran ventaja que los juristas españoles destacan de la ley es su faceta internacional, que puede atraer hacia España un buen número de arbitrajes internacionales, principalmente de Iberoamérica. Es la opinión, por ejemplo, de Eduardo Trigo, socio de Uría & Menéndez y experto en arbitraje. 'Nos encontramos ante una excelente ocasión para fomentar los arbitrajes, tanto los nacionales como los internacionales, pero especialmente el iberoamericano'. El secretario de Estado de Justicia aclaró ayer que la nueva ley, que se basa en la Ley Modelo de las Naciones Unidas, no responde a los cánones tradicionales de nuestro ordenamiento, de corte continental y no anglosajón, lo que 'facilita su difusión entre operadores pertenecientes a áreas económicas con las que España mantiene activas y crecientes relaciones comerciales'. El Gobierno confía en que esta característica impulsará que se pacten convenios que fijen a España como lugar de arbitraje.

'Un laudo arbitral es más fácil de aplicar que una sentencia'

El ex presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto asegura que el arbitraje tiene ventajas innegables sobre los procedimientos judiciales. 'Un laudo internacional es mucho más fácil de aplicar que una sentencia judicial'. Fernández-Armesto, que participó ayer en las jornadas sobre la reforma del arbitraje defendió esta fórmula de resolución de conflictos y, como el resto de sus compañeros de mesa, elogió el texto de la futura ley, ya que, en su opinión, favorecerá en gran medida que España pueda convertirse en un centro de arbitraje internacional.

El ex presidente de la CNMV, que hoy es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas-Icade, mostró su satisfacción por el hecho de que 'en un plazo de tramitación tan corto vayamos a tener una ley de tanta calidad técnica que se ponga a la vanguardia del arbitraje internacional'. Pero al mismo tiempo señaló que esta virtud se convierte en un reto 'porque ahora no hay excusa para que España no se convierta en un centro de arbitraje internacional'. 'Si eso no ocurre, será por culpa de los operadores jurídicos y económicos, pero al legislador no vamos a poder echarle la culpa', añadió. Juan Fernández-Armesto aseguró que la Ley de Arbitraje actualmente en vigor es 'extraordinariamente confusa' respecto al arbitraje internacional. El socio de Uría & Menéndez Javier Díez-Hotchleiner también destacó el 'salto cualitativo en lo que se refiere al arbitraje internacional para España' del texto legal que se está tramitando. El socio de Uría & Menéndez coincidió con Fernández-Armesto al argumentar que tras la aprobación de la ley serán los operadores jurídicos y económicos los encargados de atraer realmente el arbitraje internacional a España.