El Gobierno propone cárcel para Ibarretxe si convoca referéndum
El Gobierno apretará de nuevo las tuercas al plan Ibarretxe mediante una reforma del Código Penal que castigará a las autoridades que convoquen un referéndum sin tener competencias para ello con entre tres y cinco años de cárcel, y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta. El portavoz socialista de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer que el Ejecutivo no ha consultado con su partido esta medida.
La reforma se incluirá por el PP en el Senado a través de enmiendas a la Ley Orgánica que modifica la Demarcación y Planta Judicial, y que acompaña a la Ley de Arbitraje. Será aprobada el 23 de diciembre en la Cámara alta y en el Congreso el 30. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
El ministro de Justicia, José María Michavila, señaló ayer que dentro de esta reforma se incluirá, además, el delito de financiación con fondos públicos de grupos parlamentarios ilegalizados, pensado para las ayudas que recibe del Parlamento vasco el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de la antigua Batasuna.
La sanción para este segundo delito será también de entre tres y cinco años de cárcel, que deberá imponerse en su grado superior si la autoridad continuase con la financiación ilegal pese a haber sido requerida judicial o administrativamente para que cese en esa conducta.
El lendakari, Juan José Ibarretxe, recibió la noticia en el Parlamento vasco, donde advirtió que continuará con sus planes de convocar el referéndum sobre su plan soberanista. 'Si este Parlamento, producto del debate, cree oportuno plantear un nuevo Estatuto, se consultará a la sociedad vasca', dijo, informa Efe.
Los partidos nacionalistas, incluida Coalición Canaria, se mostraron en contra de la iniciativa gubernamental.